Nueva Canarias (NC) reclamó hoy que las presidencias de la Unión Europea (UE) y de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de Pedro Sánchez y Ángel Víctor, respectivamente, impulsen la declaración de las conexiones de Canarias con la Península como Obligaciones de Servicio Público (OSP), necesarias para establecer precios máximos de referencia, con el objetivo de controlar los abusivos incrementos de los precios de los billetes de avión. La portavoz económica de NC en el Parlamento, Esther González, afirmó que el Archipiélago necesita una “decidida” implicación de la Administración del Estado para lograr un objetivo para el que existe toda una cobertura legal y judicial en vigor en el ámbito europeo que implica al Estado español.
Esther González se refirió a la Presidencia de las RUP, asumida por el jefe del Ejecutivo canario a mediados del pasado mes de noviembre y su coincidencia con la que ejercerá Pedro Sánchez en Bruselas durante la segunda mitad de 2023.
La parlamentaria de NC consideró que ha llegado el momento de que la Administración del Estado se comprometa, “sin ambages ni experimentos”, como la experiencia piloto defendida por el Ministerio de Transportes.
Gracias al trabajo desarrollado por Nueva Canarias con sus acuerdos presupuestarios estatales de 2018, al amparo jurídico del Archipiélago como RUP y a la sentencia Mayotte del Tribunal de Justicia Europeo, González mantuvo que Canarias y Madrid disponen del marco jurídico y legal preciso para conseguir regular la evolución de los precios de los billetes de avión sin afectar a la conectividad de los canarios y de los sectores productivos ni las oportunidades de negocio de las empresas operadoras en la citadas rutas, como tampoco a la libre competencia.
Unos requisitos que, desde julio de 1998, se dan en Canarias con resultados “muy positivos”, valoró la portavoz económica. Aludía así a la decisión adoptada por el Gobierno estatal hace 24 años cuando declaró como OSP la mayoría de las rutas aéreas entre las islas con el objetivo de garantizar una prestación mínima de servicios regulares en términos de continuidad, regularidad, tarifas y capacidad mínima. En los tráficos aéreos interinsulares de Canarias, según detalló, existe un importe máximo de la tarifa para cada trayecto que “no puede ser superado” por las compañías aéreas.
Desde NC, y con el fin de evitar unos aumentos desmedidos de los precios tras lograr en 2018 que se aumentara la bonificación del transporte aéreo y marítimo de los residentes con el Estado al 75%, se consiguió incluir en los presupuestos estatales del citado año la obligación de que las autoridades en materia de la competencia velarán para que las compañías operadoras vigilaran que los precios “no se desmadraran y, si no era suficiente, que se fijaran los precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público”.
Aunque en el seno de la UE rige el principio del libre mercado, Esther González señaló que, en el Archipiélago, se da “sin lugar a dudas” una de las tres condiciones exigidas por Bruselas, el elevado precio de los viajes, para declarar las OSP. “No olvidemos”, señaló, que por lo menos existen unas 160 rutas declaradas obligaciones de servicio público incluida España, de las que el 38% unen el continente con las islas.
En paralelo, observó que “tenemos a nuestro favor la condición de RUP” y la sentencia Mayotte. Un pronunciamiento judicial que “tenemos que exigir que se cumpla” porque fuerza la adaptación, a las Regiones Ultraperiféricas, de todos los acuerdos y tratados adoptados en el seno de la Unión.
Esther González sostuvo que “hay argumentos suficientes” y la oportunidad de la coincidencia de las presidencias de la UE y las RUP en 2023 para lograr el objetivo final. En su opinión, sería conveniente analizar qué rutas, o si son todas, las que deben ser obligaciones de servicio público.
