Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) mantuvo hoy que el Archipiélago “no puede aceptar” una nueva financiación autonómica que ignore las singularidades fiscales, territoriales y sociales de la comunidad y debilite la solidaridad interterritorial. La organización canarista considera que la revisión del sistema es necesaria, pero exige que incluya criterios claros de justicia fiscal y cohesión territorial.
Ante la intención anunciada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de iniciar el debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de que termine este año, NC-BC reivindica unos mínimos que son innegociables.
Primero, el mantenimiento de la desvinculación de los recursos tributarios del Régimen Económico y Fiscal (REF) protegido por el artículo 166 del Estatuto en vigor, incluido en el aprobado texto de 2018 gracias a los acuerdos presupuestarios estatales negociados por Nueva Canarias gracias al voto 176 de Pedro Quevedo.
Segundo, una mejora sustancial en la ponderación de la insularidad, el sobrecoste del transporte y la doble condición de lejanía y fragmentación territorial. Tercero, la consideración de los índices de pobreza y desempleo en la distribución de los fondos para garantizar que los recursos se asignen con criterios de equidad real. El cuarto criterio defiende la preservación de la solidaridad interterritorial.
En relación a la condonación de la deuda, Nueva Canarias pone sobre la mesa la proposición no de ley promovida en el Parlamento, y aprobada por mayoría en febrero de 2024. En la misma se instó al Gobierno canario a defender ante el Ejecutivo estatal una condonación de la deuda viva equivalente a 1.980 euros por habitante ajustado del año 2021, lo que suponía una reducción de la deuda de 4.385 millones de euros.
Nueva Canarias no se opone a que otras comunidades negocien mejoras dentro del marco legal vigente, pero rechazará que se haga en detrimento de los derechos e intereses generales de Canarias. Recuerda además que la modificación de la ley orgánica del sistema de financiación autonómica requiere una mayoría de 176 votos en el Congreso de los Diputados.
