Nueva Canarias (NC) ha rechazado hoy las tesis "disgregadoras", impuestas por CC, el PP y la ASG en la ponencia del Proyecto de Ley (PL) del Suelo de Canarias, para que los cabildos pierdan competencias en materia turística y residencial. El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, también mantuvo, en la línea del Consejo Consultivo de Canarias y el informe de los Servicios Jurídicos gubernamentales, que el Gobierno de Canarias haga el informe sobre la legalidad de los planes insulares.
La reunión de la ponencia, según Román Rodríguez, "ha consolidado la pérdida" de competencias de los cabildos en materia turística y residencial. El grupo del Gobierno de CC, con el apoyo del PP y la ASG, "han impuesto" el artículo 101.1 del proyecto de ley, con lo que se permite a los ayuntamientos establecer nuevas zonas del territorio para usos turísticos y residenciales "con independencia de lo que fije" el plan insular.
El citado artículo se refiere a las determinaciones sobre el uso turístico y, en su punto primero dice que los "planes insulares de ordenación podrán establecer zonas del territorio, que, por sus características, deban ser reservadas con carácter preferente para la actividad y usos turísticos. Esta zonificación no impedirá la realización del uso turístico fuera de esas zonas; de igual modo, esta determinación tampoco impedirá el uso residencial preexistente en esas zonas, debiendo establecerse por el instrumento territorial o urbanístico que las ordene las condiciones de compatibilidad".
Nueva Canarias, alienada con las alegaciones de los cabildos de El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, cuestiona que los planes insulares se queden como "meros instrumentos de planificación" de las carreteras, los corredores eléctricos y las grandes infraestructuras. El proyecto de ley del Ejecutivo de CC "ya rompía el proyecto común de Canarias y ahora el bloque conservador en el Parlamento debilita las competencias de los cabildos insulares en dos áreas de crecimiento sustanciales", denunció Rodríguez.
El segundo elemento crítico abordado por la ponencia, para este portavoz nacionalista, se concretó en el "rechazo" de los tres grupos conservadores antes mencionados a las tesis del Consejo Consultivo de Canarias (CCC) y al infirme de los Servicios Jurídicos gubernamentales, traducidos en una enmienda transaccional de NC al artículo 104.4 sobre la elaboración y aprobación de los planes insulares.
"Nosotros, como el Consultivo y los Servicios Jurídicos, defendemos", precisó Román Rodríguez, que la Administración autonómica, el Gobierno de Canarias, "emita un informe único, preceptivo y vinculante sobre la legalidad" del plan insular. Además, los planes de los cabildos que se aprueben "apartándose" de este informe de legalidad, para NC, deben ser nulos de pleno derecho.
