Nueva Canarias (NC) ha incluido la creación de la renta básica canaria en el Proyecto de Ley de los Servicios Sociales para su puesta en marcha antes de que concluya esta Legislatura. El portavoz adjunto de NC en el Parlamento, Luis Campos, ha registrado 62 enmiendas parciales para mejorar y anclar una financiación suficiente y estable del catálogo de servicios, eliminar su diferenciación entre “servicios esenciales y no esenciales” además de homogeneizar la consideración de los colectivos beneficiarios a través de la supresión del concepto de “prioritarios”.
Una de las principales propuestas defendidas por NC para combatir la pobreza y promover la inclusión social del 44,6% de la población en riesgo de exclusión en las islas pasa por la creación de la renta básica canaria que, como explicó Luis Campos, se ha concretado en dos de las 62 enmiendas parciales registradas hoy al PL de Servicios Sociales del Ejecutivo de CC.
En opinión del portavoz adjunto nacionalista, la Prestación Canaria de Inserción (PCI) ha quedado “desfasada y superada” por la actual situación socioeconómica. La PCI, según Campos, se limita a una función de inserción y, por lo tanto, se dirige a un único grupo de personas, aquellas que carecen de empleo. “Se quedan fuera”, observó, colectivos tan importantes como los pensionistas, especialmente los no contributivos, unos 40.000 canarios cuyos ingresos están muy por debajo incluso de la PCI. También “se quedan al margen” aquellos que, con un trabajo, su salario “les impide cubrir las necesidades básicas, los nuevos pobres que ha dejado la crisis económica y las reformas laborales”, previno el diputado de NC.
Para garantizar que la renta básica sea una realidad antes de que termine esta legislatura, Campos propugna que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la nueva ley de servicios sociales, se desarrolle una norma para garantizar el nivel de ingresos necesarios para la financiación de este nuevo recurso.
Entre las medidas financieras promovidas por NC, tal y como recordó el portavoz adjunto, destacan los 170 millones de euros provenientes de la integración de la PCI, los recursos destinados a promover el empleo y una reforma fiscal. A esta iniciativa defendida en la enmienda a la totalidad a los presupuestos canarios de este año, se le añaden otras vías de captación de recursos econónicos. Se refería a los 24 millones de euros solicitados con una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que se sumarán a los seis millones de euros contemplados ya en el proyecto presupuestario, registrado en el Congreso.
Campos aludió también a la enmienda al nuevo REF económico en tramitación en la Cámara Baja para que la Administración estatal contribuya, en sus presupuestos, con una dotación suficiente para impulsar medidas destinadas a paliar la pobreza mientras los indicadores oficiales estén por encima de la media estatal. Sin olvidar, añadió, que la reforma del Estatuto de Autonomía, que también se tramita en las Cortes Generales, se incluye la renta de ciudadanía.
Además de la creación y puesta en marcha de la renta basica canaria, Luis Campos destacó otras propuestas de mejora del PL de Servicios Sociales. Una de las más importantes, el reconocimiento de los mismos como un derecho subjetivo, lo que obliga a las administraciones públicas a prestar estos servicios y, en el caso de incumplimientos, la posibilidad de los afectados de presentar reclamaciones en la vía administrativa y judicial.
Nueva Canarias plantea que se suprima la “distición” de servicios “esenciales” para que todos tengan la consideración de obligatorios (derecho subjetivo) así como la definición de colectivos “prioritarios” para que “todos tengan el mismo nivel de consideración” inicial.
Luis Campos defiende además, tal y como explicó, la creación de una carta de derechos y deberes para que todas las admistraciones públicas puedan difundir el catálogo de derechos y deberes a los que da lugar la nueva norma.
Asismismo, el portavoz adjunto de NC aboga por la mejora de algunos conceptos relacionados con la financiación, vinculados con la definición de los costes de los servicios. Una medida complementada con la iniciativa de promover una modificación de crédito en los presupuestos canarios de 2018, a los tres meses de la entrada en vigor de esta ley, para inyectar a estos servicios entre 15 millones de euros y 20 millones de euros más.
