La diputada de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC), Carmen Hernández, presentó este jueves en el Parlamento un paquete de 24 enmiendas al proyecto de ley del Gobierno de Fernando Clavijo sobre la agilización de las licencias urbanísticas, con propuestas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda y a reforzar el control público del suelo.
Entre las principales medidas planteadas por el grupo nacionalista progresista destacan rebajas fiscales para la compra o el alquiler de la vivienda habitual, especialmente dirigidas a jóvenes, así como un aumento de la presión tributaria sobre fondos de inversión, incluidos los extranjeros, y entidades bancarias que adquieran inmuebles con fines especulativos.
Las enmiendas también incorporan un Plan de Alquiler Seguro para movilizar parte de las 211.000 viviendas vacías que existen en Canarias y destinarlas al alquiler asequible.
Hernández defendió que el actual proyecto de ley, que procede de un decreto ya en vigor, no aborda el problema estructural del acceso a la vivienda en el archipiélago. Según explicó, la iniciativa del Ejecutivo de Coalición Canaria y el Partido Popular se centra en agilizar la concesión de licencias urbanísticas, pero deja sin resolver las dificultades de acceso a la vivienda para buena parte de la población.
El paquete de propuestas de NC-BC se estructura en cinco bloques. El primero plantea mantener el control público del urbanismo eliminando los artículos que permiten que colegios profesionales o entidades privadas sustituyan a los informes técnicos municipales.
Un segundo bloque apuesta por reforzar las oficinas técnicas municipales y fomentar la colaboración entre administraciones para reducir los plazos de tramitación de licencias. También propone recurrir a empresas públicas y mancomunar servicios urbanísticos entre ayuntamientos para mejorar la gestión.
Las enmiendas incluyen además medidas para reforzar la autonomía municipal, de modo que cualquier ayuntamiento que quiera recurrir a informes externos deba aprobarlo previamente en pleno.
En materia fiscal, NC-BC plantea aumentar la deducción autonómica en el IRPF por arrendamiento del 24% al 35% y ampliar la edad de los beneficiarios hasta los 40 años. También propone reducir al 3% el impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda habitual y aplicar un IGIC superreducido del 1% para vivienda.
Por el contrario, el grupo plantea elevar hasta el 20% el impuesto de Transmisiones a grandes tenedores, fondos de inversión y entidades bancarias que compren edificios completos con fines especulativos.
Según Hernández, el objetivo de estas medidas es cambiar la actual política fiscal en materia de vivienda. “Menos impuestos para vivir y más para especular”.
