La portavoz de Nueva Canarias (NC) en materia de transportes, Esther González, entiende que la revisión de la privatización de las torres de control de los dos aeropuertos de Tenerife y el de Gran Canaria es el paso previo a la “renuncia final” de la medida impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). González mantuvo que tiene que ser un servicio público por ser “esencial” para la movilidad de la ciudadanía, los visitantes, para el transporte de las mercancías y la fortaleza de la economía del Archipiélago. También para garantizar la seguridad y evitar la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores. La parlamentaria de NC defendió la creación de una empresa pública, de mayoría canaria y participada por el Estado, para la cogestión de los aeropuertos, en cumplimiento del Estatuto de 2018 y ante la cerrazón de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
El acuerdo alcanzado entre el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Esquerra Republicana (ERC), Bildu y el PSOE para revisar la orden ministerial que había puesto en marcha el proceso de liberalización, para Esther González, es un “paso, valorable”. Pero, tal y como puntualizó, “solo cabe una decisión final, la renuncia” de Transportes a la gestión privada de estas infraestructuras.
Desde Nueva Canarias, añadió, “seguiremos trabajando para que no se produzca la liberalización ya que tiene unos riesgos muy elevados” para Canarias. Primero, según detalló, porque se trata de un servicio fundamental para la conectividad y la movilidad. Segundo, prosiguió, porque es un “torpedo en la línea de flotación” del motor económico de las islas, el turismo, que “tira” del resto de los sectores productivos de las islas.
Tercero, proclamó la portavoz de NC, por motivos de seguridad y para evitar la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, como ya se ha puesto de manifiesto en las infraestructuras liberalizadas en el primer proceso en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. También en La Gomera, donde hay un servicio de información de vuelo llamado AFIS de menor coste para AENA y El Hierro, con el sistema mixto de controladores y AFIS.
El cuarto argumento esgrimido por Esther González para mantener el rechazo de NC, “aunque no por ello menos importante”, tal y como puntualizó, es que “nunca daremos marcha atrás” en la reivindicación de la cogestión de los aeropuertos en cumplimiento del Estatuto de 2018 y con el objetivo final de conseguir la gestión directa.
Recordó que, transcurridos cinco años, desde la entrada en vigor de la última reforma estatutaria, AENA ha frenado la entrada de Canarias en el consejo de administración, lo que implica un incumplimiento del artículo 161 del Estatuto.
Para González ha llegado el momento de poner en marcha una alternativa. La creación de una empresa pública, de mayoría canaria y participada por el Estado, para la gestión de todos los aeródromos existentes en las islas.
