El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, dijo que la admisión por parte del Tribunal Supremo (TS) del recurso de casación del Gobierno de Canarias contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló el decreto sobre el alquiler vacacional, es una “oportunidad” para regular esta actividad por ley. Rodríguez cree que el Supremo puede sentar jurisprudencia por las sentencias contradictorias de tribunales inferiores en diversas comunidades autónomas.
La admisión del recurso de casación contra la sentencia del TSJC, que anuló el Decreto 113/2015 a instancias de la Asociación Canaria de Propietarios de Viviendas Vacacionales, para NC es una noticia “esperanzadora porque ganamos tiempo y nos da la oportunidad para ordenar esta actividad y los problemas que genera a través de una ley, como siempre hemos reclamado porque ofrece una mayor seguridad jurídica”.
A pesar de que el Ejecutivo canario se mostró reacio a la presentación de la casación, Román Rodríguez aseguró que, gracias a los técnicos del Gobierno y a la insistencia, entre otros, de NC en el Parlamento; finalmente se presentó y se ha admitido.
La primera consecuencia, según el portavoz nacionalista, es que sigue en vigor el Decreto 113/2015 hasta que el TS dictamine sobre el fondo del asunto. Teniendo en cuenta que el Supremo es difícil que falle antes de un año, Rodríguez consideró que “ya no hay tanta prisa” para elaborar un nuevo decreto sustitutorio en previsión de que el alto tribunal inadmitiera la casación.
La regulación de la vivienda vacacional del citado decreto, en opinión de NC, es bastante “restrictiva”. En su artículo 3.2 prohíbe la vivienda vacacional en suelos turísticos y, en el artículo 12.1, impide el alquiler por habitaciones para uso turístico en una vivienda en cualquier clase de suelo. Román Rodríguez observó que fueron estos dos artículos los que anuló el TSJC y que el Supremo revisará.
Por otro lado, el portavoz nacionalista destacó que, sobre estos mismos asuntos, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), en una sentencia del pasado 15 de noviembre, ratificó el Decreto 12/2017 de dicha comunidad que regula las viviendas turísticas y viviendas de uso turístico, “desestimando” así el contencioso administrativo presentado por la asociación de propietarios de viviendas vacacionales de dicho territorio.
Este escenario, en opinión de Nueva Canarias, facilita que el TS, al resolver el recurso de casación del Gobierno de Canarias, siente jurisprudencia al existir sentencias contradictorias en tribunales inferiores.
Pero, con independencia del ámbito judicial, “lo realmente importante”, según Rodríguez, es que el Ejecutivo de Fernando Clavijo “ahora tiene tiempo y debe presentar” un proyecto de ley, como hizo Baleares y para ganar en seguridad jurídica.
El portavoz de NC propuso que el proyecto de ley ordene esta actividad en suelos de uso residencial, para “evitar los efectos perversos” producidos sobre el “desorbitado” aumento de los alquileres para los residentes, así como los problemas de convivencia surgidos.
También debe decidir, planteó Román Rodríguez, si permite y, en su caso, regular la vivienda vacacional en suelos de uso turístico “sin que, en ningún caso, agreda la actividad alojativa profesional ni suponga un deterioro de la calidad de la oferta, objetivos que deben ser preservados”.
En paralelo, NC cree que el Ejecutivo debe poner en marcha una campaña específica de inspección y control sobre la legalidad de las viviendas vacacionales existentes que se anuncian en plataformas digitales.
