Nueva Canarias (NC) sostiene que los beneficiarios de la renta básica canaria pueden alcanzar al inicio a más de 50.000 canarios, incluidas las personas con pensiones no contributivas, las que están en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social y los trabajadores que tampoco pueden cubrir los gastos básicos para vivir con dignidad. Los nacionalistas de izquierdas han presentado esta iniciativa en el Parlamento dotada en su primera fase implantación con 200 millones de euros, de los que 30 millones de euros provienen de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. El portavoz adjunto del grupo de NC, Luis Campos, ha incluido la creación de esta iniciativa entre las 62 propuestas de mejora del Proyecto de Ley (PL) de los Servicios Sociales, que mañana comienzan a trabajarse en ponencia.
Luis Campos, junto con el portavoz parlamentario, Román Rodríguez, y el diputado Pedro Rodríguez; informaron hoy sobre el contenido de las enmiendas parciales de Nueva Canarias al texto gubernamental.
La renta básica de garantía de ingresos, en opinión de Campos, debe ser una de las prestaciones a desarrollar a través de esta nueva norma y la base del plan de lucha contra la pobreza, cuya puesta en marcha no debe prolongarse más allá de los seis meses desde la entrada en vigor de la ley.
En calidad de ponente, Luis Campos hizo hincapié en la importancia de comenzar a desarrollar los servicios y prestaciones antes de que termine la actual legislatura en mayo de 2019, para lo que es necesario que el proyecto de ley se apruebe antes de que finalice el próximo mes de diciembre.
La renta básica canaria, según Rodríguez, puede alcanzar a los 12.000 beneficiarios actuales de la Prestación de Inserción (PCI), a las más de 40.000 personas con pensiones no contributivas, a las personas y familias en riesgo de pobreza y a los trabajadores, que tampoco pueden garantizar con su sueldo los ingresos suficientes para cubrir los gastos básicos para tener unas condiciones de vida dignas.
Para "complementar, integrar y dignificar" al 44,6% de canarios en riesgo de exlusión social, los nacionalistas de izquierdas plantean que se usen los 30 millones de euros conseguidos en los PGE de 2018 para combatir la pobreza más otros 170 millones de euros provenientes de los fondos de la PCI, otras políticas de empleo social y una modificación fiscal basada en la progresividad, como ya se planteó en la tramitación de los presupuestos canarios de 2018.
En total 200 millones de euros, con los que empezar a desarrollar una medida que cumple con sus objetivos en las sociedades europeas más avanzadas y en territorios del Estado, como Euskadi desde hace más de una década, incidió Campos. El ponente invitó al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que analice la experiencia vasca, como hizo con la Formación Profesional, para que “se dé cuenta de su error” de catalogar como populista esta medida.
Unos recursos económicos a los que contribuirá el nuevo REF económico, que se tramita en el Congreso de los Diputados y que incluye una enmienda de NC para que la Administración estatal contribuya, en sus presupuestos, con una dotación para impulsar medidas mientras los indicadores oficiales estén por encima de la media estatal. Sin olvidar, añadió, que la reforma del Estatuto de Autonomía, en trámite en las Cortes Generales, incluye la renta de ciudadanía.
Luis Campos destacó otras propuestas de mejora del PL de Servicios Sociales. Entre ellas, el reconocimiento de las prestaciones como un derecho subjetivo, lo que permite a los beneficiarios acudir a la vía administrativa y judicial cuando las administraciones públicas incumplan.
NC aboga, prosiguió, por suprimir el concepto de servicios “esenciales” para que todos tengan la consideración de “obligatorios” y avanza en el modelo de atención individual y grupal al incluir la atención comunitaria y de proximidad. Para Campos es importante que se cree una carta de derechos y deberes para que todas las admistraciones públicas puedan difundir el catálogo de los derechos reconocidos en la nueva ley.
Los nacionalistas de izquierdas defienden la necesidad de incluir el fomento de la investigación e innovación en esta materia así como la eliminación de las compensaciones económicas entre las consejerías de Sanidad y de Servicios Sociales ya que, en el 99% de los casos, las transferencias van al segundo departamento gubernamental anteriormente citado. Se trata de evitar la descapitalización de Servicios Sociales, según Luis Campos.
En los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la norma, mediante una ley de crédito o de modificación, el ponente nacionalista planteó que el Gobierno inyecte a este área el 5% de lo destinado en el presupuesto en vigor (400 millones de euros). Son unos 20 millones de euros más para “impulsar al incio” las medidas y servicios previstos en una ley que viene a actualizar la de 1987, en opinión del portavoz adjunto de NC.
