Nueva Canarias (NC) defenderá unos presupuestos canarios de 2018 que “garanticen” los servicios públicos, la inversión productiva y que “sirvan para responder a las necesidades” de los ciudadanos. El presidente de NC, Román Rodríguez, volvió a defender la necesidad de abordar una “reforma fiscal progresiva, para que paguen más los que más tienen, sin maquillajes,” y la persecución del fraude tributario.
Fieles a los postulados defendidos por los nacionalistas de izquierdas, con mayor rotundidad durante los años más duros de la crisis económica, Román Rodríguez y la presidenta del grupo parlamentario de NC, Esther González, trasladaron al comité ejecutivo de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme), presidida por José Juan Socas; que la ley de presupuestos canarios de 2018 “debe garantizar” los servicios públicos esenciales (sanidad, la educación y lo servicios sociales) y “dar respuesta a las necesidades” de los ciudadanos. Entre otras “competencias” del Ejecutivo, tal y como especificaron, en materia de vivienda, puertos, los “atascos” en las carreteras e inversiones hidráulicas para eliminar los vertidos.
A la espera de escuchar a Fernando Clavijo, quien ha convocado el próximo miércoles a NC por los presupuestos del próximo año, Román Rodríguez adelantó que la “línea de defensa” de los nacionalistas progresistas es “la misma que la de estos años, es decir, ingresar todo lo que se pueda para gastar bien”. Se refería a invertir los ingresos públicos para reducir las más de 200.000 personas en listas de espera, para mejorar las infraestructuras y servicios educativos, para abandonar el vagón de cola del Estado en los servicios sociales, para hacer viviendas de promoción pública que “no se ha hecho ni una” y contribuir a garantizar el acceso a la compra y al alquiler; así como para evitar los atascos en las carreteras y desarrollar infraestructuras portuarias (Agaete, Corralejo y Playa Blanca) e hidráulicas contra los vertidos.
Nueva Canarias exige al Ejecutivo de CC que “cumpla con su deber y sus responsabilidades” competenciales. Si se quiere hablar de reforma fiscal, añadió, “lo hacemos sobre los parámetros de la progresividad y la persecución del fraude”. Rodríguez señaló que el Producto Interior Bruto (PIB) de las islas es de 43.000 millones de euros mientras que la bajada fiscal del Gobierno, con “efectos” en 2019 la relacionada con el IRPF, pueden suponer unos 40 millones de euros, según la información reflejada en los medios de comunicación.
En NC, prosiguió, “no tenemos inconveniente” para que determinados productos y servicios “que afectan a la ciudadanía, a los que peor lo pasan, se puedan retocar a la baja”. Pero también hay consumos suntuarios, de lujo, agregó, que tienen una carga fiscal “muy baja”. El presidente de los nacionalistas de izquierdas volvió a defender la lucha contra el fraude y la progresividad fiscal, para que paguen más los que más tienen, y con el objetivo “irrenunciable” de que los recursos públicos sirvan para “resolver los problemas de la gente”.
Otros planteamientos analizados, en los que coincidieron Cecapyme y los dirigentes de NC, fueron su rechazo a la libertad horaria comercial, la necesidad de fijar algunos mecanismos para que las pymes tengan opciones en las contrataciones públicas así como la actualización de los precios en los contratos de servicios públicos con el fin de evitar la precariedad laboral y la deficiente calidad en el servicio.
