La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Esther González culpó hoy, en el pleno, al Gobierno presidido por Fernando Clavijo de reconocer más derechos para el turista que para la ciudadanía canaria. El grupo parlamentario de NC-BC votó en contra del decreto ley de residencialización del Ejecutivo de las dos derechas canarias por condenar a los propietarios de viviendas en zonas turísticas. González denunció una afectación directa al derecho de uso y propiedad.
Estos planteamientos fueron expresados durante el debate del decreto ley de medidas urgentes relativas al deber de atender al uso turístico y por el que se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y su reglamento, aprobado por el decreto 85/2015, más conocido como decreto de ley de residencialización.
Esther González volvió a defender la posición favorable de Nueva Canarias-BC a “regular y a poner coto” a la vivienda vacacional en zonas residenciales. Pero la norma gubernamental debatida y votada hoy “ni regula ni ordena. Condena”, sancionó la portavoz canarista.
La convalidación propuesta por la Consejería de Turismo de Jessica de León, recordó González, “no es más que una separata” del proyecto de ley de la vivienda vacacional en tramitación con una fórmula “aún más perversa, restrictiva y lesiva” para los propietarios de primeras o segundas viviendas en zonas turísticas de las islas.
Un contenido, prosiguió, que “nada tiene que ver con lo que usted vendió a la ciudadanía”. Con De León, en opinión de la diputada González, “hemos pasado” de poner “al canario en el centro de la política turística” y de “la reconciliación” de Canarias con su industria, según las palabras de la consejera reiteradas por González; a “expulsar a nuestra gente” de las zonas turísticas.
Las canarias y los canarios “ya no vamos poder residir en nuestra tierra. Gracias a usted, va a haber una parte de ella donde sólo van a poder pernoctar los de fuera”, cuestionó la diputada de NC-BC. Reprochó una ruptura entre el discurso previo y la práctica legislativa “real” del Gobierno de CC y el PP que ha generado la frustración y protesta social, expresada en dos manifestaciones (movimiento del 20A) y una huelga general convocada para la próxima Semana Santa.
Puso en duda que el decreto ley suspendiera las sanciones, como anunció el Ejecutivo, ya que siguen incoando expedientes contra residentes, obligándoles a tramitar en el Ayuntamiento su ilegalización y a pedir un cambio de uso colectivo, para toda la parcela; lo que genera indefensión jurídica y burocrática. Un trámite “diabólico”, censuró.
Esther González reforzó sus argumentos con el testimonio de un residente que se siente discriminado al manifestar que “tengo menos derechos que un turista. El Gobierno de Canarias me impide vivir en mi propio apartamento, pero si pago en la recepción, entonces sí lo permite”. Una frase que, según la portavoz canarista, refleja el sentir de muchas personas afectadas.
Un testimonio en el que además se cuestiona el “llamado interés general" en Canarias ya que “parece haberse convertido en el beneficio” de las unidades de explotación, es decir, “en facilitar que empresarios rentabilicen propiedades ajenas”.
Para Esther González, es una política que fomenta la privatización encubierta de derechos individuales y la pérdida de derechos indemnizatorios. Con una metáfora denunció la parlamentaria canarista la sumisión de la consejera del PP al poder económico, especialmente el del sector turístico.
