Nueva Canarias (NC) ha asumido el compromiso con la abolición de la prostitución al considerar que, en la defensa de la sostenibilidad, la igualdad y la dignidad, se tiene que atacar cualquier expresión que genere pobreza, desigualdad y violencia. Los canaristas progresistas proponen modificaciones legislativas estatales, políticas que desincentiven la demanda y para reparar el daño sufrido por una de las violencias más extremas contra las mujeres y las niñas.
La secretaria de Igualdad, María del Carmen Reyes, defendió en el reciente cónclave nacional una resolución, secundada por unanimidad, con el que NC ratificó su compromiso de eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y asumió la obligación con la abolición de la prostitución.
“Sin prostitución no hay trata”, dijo Reyes para añadir que el canarismo progresista no puede seguir hablando de sostenibilidad, igualdad y dignidad si no se plantea un ataque frontal a todo aquello que genera pobreza, desigualdad y violencia. La igualdad, para Nueva Canarias, debe ser un fundamento de la gobernanza y la participación ciudadana porque, sin ella, no se puede hablar de una democracia plena.
Una de las formas más crueles y extremas de violencia contra la mujer, según Reyes, es la prostitución y la trata con fines de explotación sexual. En Canarias, los últimos datos oficiales reflejan una realidad alarmante, más de 3.000 mujeres, por su situación de precariedad, ejercen esta forma de esclavitud. La mayor parte son extranjeras, una amplia mayoría fueron captadas en el Estado y afirman que han sufrido violencia sexual, social, psicológica o institucional, en este caso por el temor a que les retire la custodia de los hijos, detalló la dirigente nacionalista.
En opinión de Reyes, resulta perentorio participar y promover cambios legislativos, como en la ley de extranjería ya que la migración provoca la mayor entrada de víctimas de trata que ya, durante todo su trayecto migratorio, se han visto sometidas a todo tipo de abusos.
En la hoja de ruta de NC se incluyen las acciones para favorecer políticas de salida para las personas que sufren la prostitución, el proxenetismo y la trata, en las que se prime el derecho de las víctimas, el acceso a la reparación del daño y a la reducción de los riesgos sanitarios.
También defienden la puesta en marcha de medidas que desincentiven la demanda así como protocolos de coordinación y actuación en diversos ámbitos, como el jurídico, sanitario, social, entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y los medios de comunicación.
María de Carmen Reyes reconoció que, a nivel del Estado, se ha avanzado de forma importante en la atención integral a las víctimas al mismo tiempo que recordó el compromiso del Gobierno para aprobar una ley integral contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, basada en los derechos de las víctimas, que incorpore medidas de prevención y persecución de las redes criminales y de protección y recuperación integral de las mujeres y niñas.
Citó además el Plan Estratégico del Estado contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos para el periodo de 2021 a 2023, que establece cinco objetivos prioritarios y 16 líneas de acción que afectan tanto a instituciones públicas como al tercer sector y cuyo objetivo final es declarar la abolición.
