La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández acusó hoy al Gobierno de Fernando Clavijo de cronificar la emergencia habitacional que sufre el Archipiélago por la pura incompetencia gestora de la vivienda pública. Hernández censuró que el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), de las 2.086 viviendas licitadas entre 2023 y 2026, el 42 por ciento, 900 casas para vivir se quedaran desiertas. La portavoz en la materia del grupo nacionalista progresista censuró además el serio riesgo de perder fondos europeos, 69 millones de euros sin ejecutar, lo que profundiza el problema en las islas. Nueva Canarias ofreció dos soluciones a estos graves problemas, otro ejecutivo que tenga como prioritaria la política de vivienda, con profesionales y expertos que garanticen una gestión eficaz en el Icavi y la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan).
La parlamentaria de Nueva Canarias denunció que estos datos “no son un hecho aislado ni un problema técnico puntual”. Para Hernández, es un “nuevo paso que agrava el mayor problema social” que tiene hoy Canarias. Cuando el acceso a una casa para vivir es la principal preocupación de las canarias y los canarios, que el 42 por ciento del total de las viviendas públicas licitadas no se construyen demuestra una gestión “incapaz de responder” a una emergencia real.
Observó que la principal causa de esta situación provocada por el Icavi es la falta de adecuación de los pliegos de licitación a la realidad del mercado con precios que no cubren los costes de materiales, mano de obra y maquinaria. El resultado es previsible, en su opinión. Las empresas no se presentan, las obras no se ejecutan y las soluciones no llegan, criticó.
Carmen Hernández alertó de las consecuencias económicas y sociales de esta “pésima” gestión. En total, más de 69 millones de euros han quedado sin ejecutar, muchos de ellos procedentes de fondos europeos, cuyo plazo límite para usar es el próximo 31 de agosto. “Estamos ante el riesgo serio de perder más recursos” porque el Ejecutivo de Clavijo tendrá que devolver a la Unión Europea los fondos que “no se han empleado y con intereses, mientras miles de familias esperan una vivienda que nunca se inicia”.
Para NC-BC, la situación también es especialmente preocupante en el ámbito de la rehabilitación, donde más del 57 por ciento de las convocadas (1.050) han quedado desiertas (600) a pesar de tratarse de actuaciones importantes para mejorar el parque público existente.
Carmen Hernández cuestionó el “boquete” existente entre el discurso oficial de las dos derechas canarias gobernantes (CC y el PP) y los resultados visibles. El gabinete de Clavijo anuncia decretos, planes y nuevas fórmulas, pero la vivienda pública “sigue sin materializarse”. Esta forma de trabajar “no resuelve los problemas, los alarga y agrava”, según la portavoz parlamentaria de NC-BC en esta materia.
Carmen Hernández se mostró convencida de que. ante esta grave realidad, hay dos soluciones principales, entre otras. Una, otro gobierno de Canarias que tenga la vivienda “como una prioridad, en lugar de un negocio”. La segunda, añadió, poner al frente del Icavi y de Visocan a profesionales y expertos que gestionen con eficacia.
