El gobierno del Cabildo de Gran Canaria (NC, PSOE y dos tránsfugas) que preside Antonio Morales dejó sin ejecutar más de 12,6 millones de euros del Presupuesto 2016 del área de Política Social, según la información facilitada por la Consejería de Hacienda y Presidencia a fecha 31 de diciembre del año pasado.
Especialmente sensible es el caso del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo autónomo dependiente del Cabildo, que acumuló en la gaveta casi 5,2 millones de euros sin gastar pese a las necesidades de muchas familias de Gran Canaria con escasos recursos o en riesgo de exclusión social.
Por su parte, la Consejería de Política Social y Accesibilidad, que dirige la socialista Elena Máñez, cerró el pasado ejercicio 2016 con casi 7,5 millones de euros sin ejecutar, una partida que se podría haber destinado a ampliar la protección social de miles de grancanarios.
“La incapacidad del gobierno de Antonio Morales para gastar más de 12,6 millones de euros es muy preocupante y denota una alarmante falta de gestión en una isla donde más de 1.700 familias siguen esperando a día de hoy por una plaza en un centro sociosanitario del Cabildo”, sostiene el portavoz del Grupo Popular, Felipe Afonso El Jaber.
“Cuando un gobierno no es capaz de ejecutar su propio presupuesto no es de extrañar que sucedan casos como los que estamos viendo estos días en los medios de comunicación de decenas de ancianos abandonados en las Urgencias de los hospitales mientras esperan, junto a otras 1.700 personas, a que el Cabildo de Gran Canaria les conceda una plaza en un centro sociosanitario”, añade el portavoz.
Felipe Afonso El Jaber recuerda también que el gobierno insular que encabeza Antonio Morales “llegó prometiendo un plan de choque para acabar con la pobreza en Gran Canaria, pero luego vemos que dejan en el cajón más de 12,6 millones de euros, que es una barbaridad de dinero”.
Cabe recordar, por último, que de los 1,7 millones de euros destinados en 2016 a la concesión de ayudas de emergencia social a familias en riesgo de exclusión social de los 21 municipios de Gran Canaria, el gobierno insular apenas logró ejecutar el 50,5% de esta partida.
De igual forma, en 2015, el entonces gobierno Tripartito (NC-PSOE-Podemos) dejó sin ejecutar más de un millón de euros del Convenio de Dependencia suscrito con la Comunidad Autónoma, lo que supuso que muchas familias con personas dependientes a su cargo no pudieran acceder a los distintos programas de atención.
