El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, manifestó hoy que el Gobierno insular defiende la libertad y apoya el debate sobre asuntos relacionados con los colectivos LGTBIQ, siempre desde el respeto a la Ley Trans refrendada por el Parlamento de Canarias en 2021, y reafirmó la firme voluntad de la Corporación de continuar trabajando por la igualdad y la inclusión sin ningún tipo de discriminación.
El presidente insular respondió así a las manifestaciones en las que se asegura que la Corporación grancanaria suspendió un debate sobre la defensa de las categorías femeninas en el ámbito deportivo. “El Cabildo de Gran Canaria no ha impedido ni censurado absolutamente nada”, afirmó con contundencia.
Morales explicó que lo sucedido tuvo su origen en algunas diferencias surgidas entre las áreas de gobierno de Deportes y de Igualdad. Según detalló, el área de Deportes organizó un evento que incluía temáticas de competencia del área de Igualdad y ambas no llegaron a un acuerdo definitivo sobre el acto, lo que llevó a que, finalmente, se suspendiera “por parte de la organización, no del Cabildo”, enfatizó.
En este contexto, el presidente del Gobierno insular puso en valor la labor que desarrolla en esta matera el Cabildo, “que ha hecho un esfuerzo en los últimos siete años como no se ha hecho nunca en políticas de igualdad”, en cuanto a la generación de recursos, infraestructuras, equipamientos, programas y coordinación con los 21 municipios de la Isla. “Estamos hablando de igualdad, de igualdad de mujeres, de igualdad de colectivos LGTBIQ, de igualdad sin discriminación de razas, religión, identidad sexual, de género, de igualdad sin ningún tipo de discriminación”, subrayó. “Pero también somos conscientes de que hay un 1% de la población que necesita políticas públicas inclusivas, integradoras”.
A este respecto, expresó su desacuerdo con algunos mensajes que se vierten en las redes que, “con una virulencia terrible, hablan del colectivo trans como ‘hombres con peluca’”, dijo. “Estoy en absoluto desacuerdo con ese tipo de políticas de enfrentamientos viscerales y de polarización. Yo creo que, en una democracia, es bueno el debate público y en las instituciones”, manifestó, para añadir que, de hecho, ese debate institucional ya se está produciendo en el Congreso, en donde todos los partidos se están pronunciando acerca de la ley trans de ámbito nacional.
Por último, consideró que “no es bueno generar un enfrentamiento” e hizo un llamamiento a la serenidad, “a un debate inclusivo y sereno, tras el que podamos tener una ley trans que respete los derechos de ese 1% o 1,5% de nuestra población”.
En este mismo sentido abundó la consejera insular de Igualdad, Diversidad y Transparencia, Sara Ramírez, quien hizo hincapié en que “el Cabildo de Gran Canaria lleva tres años trabajando de la mano de los colectivos LGTBI y defendiendo los derechos de las personas trans en nuestra Isla”.
Asimismo, puso de relieve que “las instituciones públicas en Gran Canaria y de toda Canarias tienen el deber de velar para que, en los eventos que organizan, no se realicen situaciones que fomenten la discriminación de las personas trans ni la transfobia. Lo dice la Ley canaria trans, porque el debate en Canarias está superado y aprobado por la unanimidad de las fuerzas políticas en el Parlamento canario el año pasado”, recordó. “El Cabildo de Gran Canaria siempre estará al lado de la defensa de las personas, incluido el derecho de las personas trans”, zanjó la consejera.
Cabe señalar que Ley 2/21, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales aprobada por la Cámara canaria establece, en su Artículo 4C, Apartado c, que los poderes públicos de Canarias deben garantiza una protección efectiva frente a cualquier acto de violencia o agresión contra la vida, integridad física o psíquica, el honor personal y dignidad que tenga causa directa o indirecta en la identidad o expresión de género o la diversidad corporal, sean propias o del grupo familiar al que se pertenezca”.
Asimismo, la norma les mandata a adoptar “las medidas necesarias para la protección eficaz de toda persona frente a cualquier actuación o decisión que pueda suponer un trato desfavorable como reacción al ejercicio o participación en el ejercicio de acción judicial o administrativa”, además de las medidas de prevención necesarias “para evitar conductas transfóbicas o interfóbicas, así como para la detección temprana de situaciones que puedan conducir a violaciones del derecho a la igualdad, visibilidad y la no discriminación de las personas trans e intersexuales”.
