El Ayuntamiento de Mogán ha recurrido ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria los acuerdos adoptados por el Cabildo de Gran Canaria y el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria respecto a la aprobación del presupuesto de 2025 de este último. El Consistorio denuncia un incremento de 4 millones en las cuotas de participación de los municipios consorciados, misma cantidad que, por otro lado, se reduce de las aportaciones del Ejecutivo Regional y del Cabildo Insular, así como el incumplimiento de la normativa estatal al no actualizar el Consorcio sus estatutos desde 2015 y, por tanto, no ajustándose a Derecho.
El Consistorio moganero considera estos acuerdos lesivos para los intereses de todos los municipios consorciados, no sólo por los defectos existentes en el procedimiento para la adopción de estos, vulnerando las reglas de formación de los órganos colegiados en el caso del acuerdo del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, sino también en la medida en la que se aprueba una actualización de las cuotas de participación, que incrementan en 4 millones respecto a 2024 las aportaciones de los ayuntamientos consorciados –en el caso de Mogán, más de 270.000 euros– y, por el contrario, reducen en esta misma cantidad la partida que asume el Ejecutivo Regional y el propio Cabildo Insular, suponiendo una arbitrariedad en la determinación de las bases de reparto que no ha considerado ningún criterio objetivo.
El 31 de octubre de 2024 se convocó una sesión extraordinaria y urgente de la Junta General del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, estando entre los asuntos a tratar la aprobación del anteproyecto del presupuesto para el año 2025. Entonces el Ayuntamiento de Mogán votó en contra, mostró su disconformidad con los términos en los que se pretendía el acuerdo y anunció que impugnaría, hecho que ha formalizado por la vía contencioso-administrativa.
La Administración local solicitó además el acta de la esa sesión pero a día de hoy no la ha recibido, si bien se aprobó el anteproyecto del Presupuesto del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, en los términos acordados en esa Junta General, incorporándose al Presupuesto General del Cabildo Insular de Gran Canaria para 2025, aprobado definitivamente el pasado 9 de enero e igualmente recurrido por la Administración local moganera.
El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria no ha cumplido la obligación legal de adaptación de sus estatutos, que datan en origen de 2011, a las nuevas normativas que inciden en su régimen económico, además de no revisar y actualizar las cuotas de participación, como debe realizarse cada 5 años. Esto supone que las aportaciones a las que han estado haciendo frente los consorciados, cuyas cuotas estaban congeladas desde el año 2012, y las aprobadas con el Presupuesto impugnado, no son realmente las que les corresponderían de haberse adaptado sus Estatutos y actualizado las cuotas de participación conforme a bases de reparto legales y objetivas.
Bajo ese contexto, el Ayuntamiento de Mogán, como integrante del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, se ve en la obligación de defender sus intereses y la del resto de consorciados, acudiendo a la vía judicial, instando la anulación de los acuerdos por los que se aprueba el Presupuesto del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria para el ejercicio 2025 por no ser conformes a Derecho.
