El Consistorio, con la alcaldesa Onalia Bueno al frente, ha alzado la voz desde que comenzó el repunte de llegadas de pateras y cayucos a las costas de la Isla y, más concretamente, desde que se instaló el campamento de emergencia en el Muelle de Arguineguín, en defensa de los derechos de las personas migrantes, dado que el puerto no era el lugar idóneo para la estancia de personas.
Nunca se ha pretendido otra cosa que no sea que las personas migrantes reciban un trato digno y su traslado del Muelle de Arguineguín hacia instalaciones acondicionadas del Gobierno de España, administración que ostenta la competencia en este asunto.
La constante insistencia de la alcaldesa y el grupo de Gobierno local, primero por la vía administrativa con numerosos escritos a la Delegación del Gobierno en Canarias, pasando por la judicial –Bueno denunció en el Juzgado el estado de las personas migrantes en el puerto de Arguineguín – como la vía mediática con la presencia en medios de comunicación nacionales e internacionales, ha contribuido a que la crisis migratoria que atraviesa el archipiélago haya escalado posiciones de importancia en la agenda del Estado, y que el ya conocido como `campamento de la vergüenza´ haya sido desmantelado hace tan solo dos días.
El Ayuntamiento de Mogán anunció el jueves 26 de diciembre que se abrirían expedientes sancionadores a aquellos complejos de apartamentos y hoteles que después del 31 de diciembre continuaran alojando personas migrantes. Esta decisión tiene como finalidad que las instalaciones hoteleras recuperen su actividad turística, en vista de que los países emisores han comenzado a bajar sus índices de contagios por COVID-19 y, por tanto, sus residentes podrían volver a viajar a Gran Canaria en tan solo unas semanas. La reactivación del turismo es esencial para que la economía empiece su recuperación, pero ello no significa que el Consistorio moganero culpe a las personas migrantes alojadas en los hoteles de poner en peligro esta recuperación. El Consistorio solo pretende que su alojamiento sea en instalaciones públicas y no en establecimientos privados de uso turístico.
Por tanto, el Ayuntamiento de Mogán condena a todos aquellos grupos políticos que están utilizando la situación descrita en favor de una ideología racista y xenófoba, y rechaza el intento de estos de vincular sus manifestaciones a la sociedad canaria, y en particular a los vecinos y vecinas del municipio, que siempre se ha caracterizado por su carácter humanitario y solidario.
