En la sesión ordinaria del Pleno de Mogán celebrada este jueves se ha debatido la reactivación, el 1 de abril, del abono de las tasas por ocupación de dominio público local a terrazas de bares y restaurantes y a los mercaderes. El concejal de Hacienda, Ernesto Hernández, ha informado que el levantamiento de la suspensión, dos años después del comienzo de la pandemia, se debe a la reanudación total de la actividad de ambos sectores desde el pasado octubre y que, no cobrar las tasas durante este primer de 2022, ha supuesto una bonificación de 328.000 euros del total anual, un 25% menos.
El asunto surge a raíz de las mociones presentadas por el Partido Popular instando al Consistorio a iniciar la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con terrazas y por la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales.
En febrero de 2020 se aprobó en sesión plenaria la actualización de las tarifas después de que en algunos casos hubieran pasado 10 y 12 años desde su última revisión, y de cara a su adaptación a la demanda actual de sus funciones. No obstante, se suspendió el cobro de ambas tasas al inicio de la pandemia para aliviar los efectos de la crisis generada al sector de la hostelería y restauración y a los mercaderes ambulantes. El pasado 1 de abril, dos años después, se levantó la medida en vista de que la actividad se ha recuperado desde hace ya varios meses.
El PP ha solicitado que se apliquen las tasas anteriores a su actualización en 2020 con el apoyo del PSOE y en contra del grupo de Gobierno, que ha argumentado su negativa explicando que ha pasado el tiempo prudencial necesario desde que recuperara la actividad en el municipio el pasado mes de octubre. “Hemos bonificado la totalidad de las tasas durante la pandemia, incluido el primer trimestre de este año, lo que significa que en 2022 ya hemos deducido 328.000 euros del pago anual”, explicó el concejal de Hacienda. Durante los dos años en los que estuvieron suspendidas el abono de las tasas el Ayuntamiento redujo sus ingresos en 2,1 millones de euros.
Moción
El grupo de Gobierno (CIUCA), ha presentado una moción en rechazo a los artículos del Proyecto de Ley por el Derecho de la Vivienda en trámite que puedan imposibilitar que aquellas personas adjudicatarias de una vivienda calificada en régimen de alquiler de promoción pública puedan llegar a ser propietarios de la misma. Asimismo, a instar al Gobierno de Canarias a impulsar el acceso a la propiedad de la vivienda de aquellas familias acogidas a los Planes Canarios de Vivienda I, II y III. Ha sido aprobada por todos CIUCA y PP, y en contra del PSOE.
La concejala de Política Social, Tania Alonso, ha explicado que el acceso a la vivienda de las personas adjudicatarias en régimen de alquiler en el Archipiélago es posible desde la aprobación de la Ley 11/89 de Vivienda de Canarias, que en su disposición adicional segunda reza <<El Gobierno de Canarias favorecerá el acceso a la propiedad de las viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma a sus adjudicatarios…>>.<<Los importes acumulados por el pago de rentas de alquiler se deducirán del precio de la vivienda al concertar el posible acceso a la propiedad>>.
Alonso ha expuesto que algunos artículos del Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, en este momento en trámite, podrían conducir a “una clara injerencia en las competencias de las comunidades autónomas” y contravenir “lo estipulado por la legislación canaria en materia de vivienda, en cuanto al destino de las viviendas del parque público y acceso a las mismas, imposibilitando, de aprobarse, las aspiraciones de los adjudicatarios de vivienda en régimen de alquiler de la Comunidad Autónoma de acceder a la propiedad de la misma”.
La edil ha recalcado que “esta moción no es un ataque al Proyecto de Ley porque aún no está acabado y aprobado, es un mensaje previo en el que manifestamos que se valore la corrección o eliminación de aquellos artículos que puedan interferir con las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias”.
La moción también solicita al Gobierno de Canarias impulsar el acceso a la propiedad de la vivienda pertenecientes a los Planes Canarios de Vivienda II y II en concordancia con lo estipulado en el Decreto 114/1999, y a iniciar el procedimiento de acceso a la propiedad, en condiciones similares a las establecidas en planes previos, de las personas adjudicatarias de viviendas en régimen especial en alquiler de titularidad pública acogidas al III Plan 1996-1999.
“No podemos seguir dando esperanzas a las familias si realmente no existe intención de permitir que accedan a la propiedad de las viviendas en la que residen desde hace ya más de dos décadas”. “No se puede establecer un Proyecto de Ley que pudiera ocasionar la enajenación de estas viviendas y su adjudicación a otras personas”, ha apuntado Alonso, asegurando que lo que pretende esta moción es “el acuerdo de las Administraciones competentes para culminar los procedimientos que empezaron de acceso a la propiedad y que los nuevos que se vayan a ponen en marcha no permitan que las personas tengan que abandonar sus casas”.
