El pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha aprobado este jueves por unanimidad, de forma inicial, la ordenanza municipal impulsada por Urbanismo para aclarar la situación jurídica del uso residencial de apartamentos y bungalós en la zona turística litoral. El acuerdo supone un avance en una reivindicación histórica de los propietarios que llevan años reclamando seguridad jurídica para sus viviendas.
La aprobación se produjo ante cerca de 80 vecinos, encabezados por Maribe Doreste, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), que se pusieron en pie y aplaudieron tras conocerse el respaldo unánime de la Corporación.
El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que este acuerdo es fruto de años de diálogo con los afectados y de dos años de trabajo técnico y jurídico durante la presente legislatura. “Llegar hasta aquí ha requerido mucho trabajo”, afirmó Marichal, quien recordó que su relación con la PALT comenzó hace más de ocho años y reconoció que escuchar a sus representantes le hizo cambiar su visión inicial sobre la convivencia de los usos turísticos y residenciales. “Aquellas conversaciones me enseñaron algo que debe acompañarnos siempre en política: escuchar obliga a estar dispuesto a cambiar de criterio”, señaló.
La ordenanza establece criterios para determinar la situación jurídica de los usos residenciales existentes en la zona turística, teniendo en cuenta cuándo comenzaron, si estaban autorizados y qué legislación les resulta aplicable. Para ello, diferencia las situaciones anteriores y posteriores al Plan General de 1996, a la Ley de Renovación Turística de 2013 y al régimen previsto por la Ley del Suelo de 2017.
La concejala delegada de Urbanismo, Davinia Ramírez, explicó que “la ordenanza reconoce una realidad que existe desde hace décadas. No todos los apartamentos y bungalós tienen la misma situación legal y ahora contamos con criterios claros para determinar qué derechos corresponden a sus propietarios”.
La regulación distingue los usos residenciales conformes al planeamiento, los que se encuentran en situación legal de consolidación y aquellos que están fuera de ordenación, con el régimen que corresponda en cada caso.
Una vez y se apruebe de forma definitiva la Ordenanza, una de sus principales medidas es la posibilidad de solicitar un certificado municipal que acredite la situación jurídica del uso residencial de cada inmueble, mediante documentación como escrituras, licencias, empadronamientos, suministros y otros antecedentes. La ordenanza establece un plazo de un mes para su emisión. “Con este certificado cada propietario podrá acudir al Ayuntamiento, acreditar la situación de su vivienda y obtener una respuesta clara, basada en criterios jurídicos objetivos”, destacó Ramírez.
El certificado tendrá carácter declarativo y no supondrá una legalización automática ni la anulación de sanciones, aunque podrá aportarse como prueba en los procedimientos correspondientes, con los efectos que legalmente procedan.
Un pleno marcado por la emoción y el reconocimiento
Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Alejandro Marichal recordó a Blas Padrón, expresidente de la PALT, y Javier Luzardo, abogado que colaboró en la defensa jurídica de los afectados, ambos fallecidos antes de que esta ordenanza llegara al pleno. “Quiero empezar por dos personas que hoy deberían estar aquí: Blas Padrón y Javier Luzardo”, expresó Marichal, provocando la emoción entre los representantes de la plataforma y los vecinos presentes.
El primer teniente de alcalde agradeció también el trabajo del equipo de Urbanismo, los servicios técnicos y jurídicos, la dedicación de Davinia Ramírez y el respaldo de todos los grupos políticos, que permitió alcanzar la unanimidad.
La aprobación inicial abre ahora la fase de información pública y la posibilidad de presentar alegaciones antes de completar la tramitación. Marichal señaló además que el siguiente objetivo será defender la convivencia de usos residenciales y turísticos en el futuro Plan de Modernización de Maspalomas–Costa Canaria, con las garantías legales necesarias. “Nuestro municipio vive del turismo, pero son sus vecinos quienes lo han construido, lo sostienen con su trabajo y merecen formar parte de su futuro”, afirmó.
Marichal cerró su intervención dedicando el acuerdo a los vecinos que han perseverado durante años y, especialmente, a Blas Padrón y Javier Luzardo: “Por ustedes. Por sus familias. Por nuestros vecinos”. La sesión concluyó con los asistentes en pie, aplaudiendo una aprobación unánime que representa un nuevo paso en una reivindicación mantenida durante años.
