La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas pidió hoy al concejal y candidato Alejandro Marichal claridad en la defensa del uso turístico para las parcelas del municipio de San Bartolomé de Tirajana que en la actualidad acogen un establecimiento alojativo, en defensa de la legalidad y el interés general, y al objeto de frenar la extensión del uso residencial en dichos inmuebles, por los daños que esta práctica supone para la actividad económica tanto de Canarias en su conjunto como del municipio sureño en particular.
En este sentido, el edil y candidato de Coalición Canaria aclaró a la federación de empresarios que defenderá el uso turístico de los complejos actualmente sometidos al principio de unidad de explotación, si bien también defendió la consolidación del uso residencial actualmente existente, “pero nunca residencializar los inmuebles que en la actualidad están dedicados a la actividad turística”, dijo Alejandro Marichal. La FEHT, por su parte, señaló la incompatibilidad entre los usos turísticos y residenciales en el mismo complejo alojativo.
Respecto a las situaciones de incumplimiento de la normativa sectorial y urbanística en los complejos turísticos, la Junta Directiva de la FEHT y el concejal y candidato coincidieron en que es preciso aplicar, en palabras de Marichal, “todo el peso de la ley” al objeto de impedir actividades contrarias a la norma y perjudiciales no solamente para el turismo, sino también para el interés general y los ingresos fiscales que financian las políticas públicas necesarias para el futuro del municipio. En este punto se produjo una coincidencia total entre el criterio del edil y el ya sostenido por la FEHT en defensa de la legalidad urbanística.
En el encuentro, el concejal y candidato desgranó algunos puntos de su programa de cara al futuro de San Bartolomé de Tirajana en lo tocante a la política turística. Destacó, en ese sentido, la necesidad de activar una promoción específica del municipio, y prometió la ejecución de un plan de infraestructuras turísticas. También dijo estar a favor de una revisión legal que supere las limitaciones al crecimiento de plazas alojativas, a través de una derogación de las normas de moratoria turística vigentes.
El concejal señaló que apoya el uso exclusivo recreativo y turístico para el puerto de El Pajar, tal y como recoge el planeamiento insular vigente. Por su parte, la federación de empresarios insistió en la defensa del principio de unidad de explotación (por el que solo puede existir un operador en cada establecimiento turístico cuando este posea la mayoría de las unidades del mismo) como elemento clave para evitar la confusión entre actividades alojativas y residenciales, un precepto que forma parte del corpus normativo vigente en las Islas durante las últimas décadas, con el apoyo de todos los partidos políticos. Además, esta regulación viene a evitar todas las formas de actividad irregulares e ilegales, que no tributan ni pueden ser controladas en calidad y seguridad en materia fiscal y turística.
Los empresarios del turismo subrayaron durante el citado encuentro que hay razones sobradas para considerar que el fenómeno de la residencialización es nocivo para el interés general del municipio y el conjunto de la población, de modo que su defensa solo beneficia el interés muy particular de algunos propietarios interesados en la expansión de esta práctica. Para los empresarios del turismo, ya ha quedado claro que la residencialización supone un daño notorio para el turismo, algo que ha quedado acreditado por estudios como el elaborado por el Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que ha cifrado en 591 millones de euros anuales (en estimaciones conservadoras) la merma de facturación en la actividad provocada por el proceso de residencialización en complejos turísticos sólo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Esta merma de actividad se traduce además en la pérdida de 83 millones en ingresos fiscales derivados de la misma, así como la pérdida de 12.433 puestos de trabajo, según el mismo informe.
Por eso, cualquier intento de voladura del principio del principio de unidad de explotación, vía reforma de la legislación sectorial turística, supondría un precedente gravísimo capaz de provocar un daño irreparable a los complejos turísticos y al empleo en el Archipiélago.
Los empresarios del turismo recordaron el acuerdo existente entre los agentes económicos y sociales de Canarias sobre este asunto, pues el rechazo a la residencialización turística ha sido expresado de modo explícito por los sindicatos mayoritarios del sector, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), y por las asociaciones de empresarios como la FEHT, que seguirá defendiendo todas las medidas que contribuyan al sostenimiento de la actividad económica en los municipios turísticos, por su compromiso con el progreso colectivo de Canarias, con voluntad de diálogo, coherencia y respeto a la legalidad.
