El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, calificó de “poco ambicioso” el plan estatal para la derivación de los menores migrantes no acompañados de los territorios tensionados al resto del Estado. Campos cuestionó el acuerdo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con las comunidades para poner en marcha un plan que garantice la acogida de los jóvenes extranjeros en situaciones de emergencia con un cupo de 400 y 374 traslados en 2022 y 2023, respectivamente. El diputado de NC criticó que se base en el criterio de la “solidaridad, que se ha demostrado un fracaso”. Mantuvo la necesidad de reformar la ley de extranjería en las Cortes Generales con el fin de que la acogida sea obligatoria entre todos los territorios.
El plan de respuesta, presentado el pasado 27 de julio, por la ministra Ione Belarra a las comunidades durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, para Luis Campos es “poco ambicioso y nada solidario al dejar en el aire la obligatoriedad”.
Este acuerdo, tal y como puntualizó, parte de la premisa de la “voluntariedad” de los territorios, lo que “nos sitúa en la casilla de salida en la que estamos desde siempre”. Hay un acuerdo “formal” pero, en cualquier momento, una comunidad “puede dar marcha atrás y hacer fracasar” este plan, denunció.
Otros de los criterios rechazados por NC es que la solicitud de las derivaciones se activa cuando es superado, en un 150%, la capacidad de acogida del lugar de primera acogida. Un porcentaje excesivo que acepta que “se supere ampliamente” la capacidad de respuesta y pone en “entredicho” la situación de los jóvenes, con quienes debe prevalecer el “bien superior del menor”.
De acuerdo con esta propuesta, el esfuerzo económico para atender a las niñas y niños se repartirá entre la comunidad de origen, que asumirá entre un 25% y un 50% de esa sobreocupación, y la de destino que asumirá entre el 75% y el 50%. Para el portavoz de los canaristas progresistas, esta fórmula genera dudas y, si se confirma, es una “injusticia”. Preguntó “cómo se concreta la correspondiente contrapartida” de la Administración estatal.
Con este compromiso de la conferencia sectorial, Canarias podrá derivar a unos 680 menores en dos años. “No nos parece un objetivo para estar absolutamente tranquilos”. En el documento del ministerio, Campos aseguró que se especifica que Canarias tiene 1.182 plazas ordinarias y 3.313 menores acogidos, lo que representa una sobreocupación del 180%.
Sin resolver las tensiones que soporta la estructura que tutela el Archipiélago, Luis Campos advirtió de que las embarcaciones “siguen y seguirán llegando” a las costas canarias.
“Nuestra defensa de la derivación no es solo” para la comunidad canaria, observó. Es para cualquier zona, cuya capacidad “no pueda responder con garantías al bien superior del menor”, reiteró. Campos mantuvo la necesidad de que las Cortes Generales modifiquen la ley de extranjería para que cada territorio “tenga claro” su nivel de acogida y solidaridad.
