"Es importante establecer sanciones para quienes reiteradamente utilicen estas prácticas (de retraso en los pagos)", señaló el presidente de la ATA, Lorenzo Amor, antes de participar en Bruselas en un seminario sobre esta cuestión.
"Una administración pública debería pagar el 20 % de recargo cuando no respete los plazos", propuso.
Amor explicó que "la morosidad privada y pública es para los autónomos un gran problema que está cerrando empresas, que destruye actividad económica y empleo" y recordó que la tasa española triplica la media europea y que los retrasos a autónomos tardan el doble que otros pagos.
"España está en la cola de periodo de pagos junto a Italia, Grecia y Portugal", sostuvo, al tiempo que afirmó que la normativa española y la directiva europea contra los retrasos en los pagos poco ha mejorado la situación, entre otras cosas, porque no incluye sanciones.
Amor explicó que estas normas han contribuido a rebajar los retrasos en Europa de 52 días de media en 2012 a 47 días en 2014, mientras que en España se ha pasado de 240 días de media en 2012 a 154 días, cuando lo que fijan las normas son retrasos de entre 30 y 60 días como máximo.
"Las empresas del Ibex se están financiando a costa de los proveedores, sobre todo de los autónomos. Corrupción es también pagar a 180 días", recalcó Amor.
Más allá de las sanciones, la ATA propone también que se creen inspectores de morosidad y que se concedan sellos de calidad para las empresas que respeten los plazos como medidas adicionales para asegurar el cumplimiento de la normativa sobre pagos.
Asimismo explicó que van a pedir a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea que intervenga para acabar con los retrasos.
