Sin duda alguna, la mejor forma de combatir la pobreza y la exclusión social es el trabajo. La proyección personal y el bienestar tienen en la oportunidad de contar con un puesto de trabajo una pieza fundamental. El trabajo permite ganar en independencia, realizarse y sumar opciones que se pierden cuando no se tiene o si se debilitan las condiciones en las que se viene realizando.
Lamentablemente, la estructura socio-económica de España y de una buena parte de sus territorios tiene a millones de ciudadanos soportando las consecuencias que traen consigo unas tasas de paro muy altas. En el transcurso de la última década la crisis económica global ha hecho más daño en países y territorios con modelos productivos poco diversificados y escasamente productivos como el español. La pérdida del empleo, los desahucios, el retroceso salarial y la pérdida de bienestar han alimentado, y siguen haciéndolo, una fractura social que condiciona individual y colectivamente el día a día. Centenares de miles de mujeres y hombres se encuentran en una situación de absoluto desamparo al haber perdido el trabajo, agotando además en infinidad de casos las prestaciones del seguro de desempleo o, en otros casos igualmente sangrantes, sufriendo en propias carnes la frustración de no dar con la manera de incorporarse al mercado laboral.
De la misma manera que el Estado garantiza las pensiones contributivas o no contributivas a todos los españoles, e igual que cubre con el seguro de desempleo de acuerdo a determinados parámetros la situación de los no ocupados por perdida de su puesto de trabajo, la Administración central debe extender una renta mínima a todos los españoles en situación de desamparo o en riesgo de estarlo.
La pasada semana el pleno del Congreso de los Diputados admitió a trámite una proposición de ley para establecer una renta mínima de 426 euros para las personas sin recursos. Aunque el PP y Ciudadanos votaron en contra, sus votos no fueron suficientes para frenar la Iniciativa Legislativa Popular promovida por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, y avalada por 700.000 firmas. Todos los demás partidos votaron a favor de tramitarla. A la proposición de ley le queda aún un trámite parlamentario largo y difícil, porque estará sometida a enmiendas parciales y porque, entre otros aspectos a tener en cuenta, genera dudas en algunos partidos nacionalistas -especialmente el PNV- sobre el respeto a las competencias autonómicas. No acaban aquí los elementos a considerar, porque Unidos Podemos quiere extender la cobertura de la futura ley aún más.
Algunos portavoces de los que intervinieron en el debate parlamentario han comparado las trascendencia de esta proposición de ley con la que se dio en su momento con la aprobación de la Ley de Dependencia. La referencia no es exagerada, en absoluto. Esta Ley de Renta Mínima puede ser la ley social más importante desde que el Gobierno de José Luís Rodrigez Zapatero impulsó la Ley de Dependencia en diciembre del 2006. La pelota está en el tejado del Gobierno. El Parlamento, con su Parlamentoactual composición, tiene mucho que decir en éste u otros temas pero es el Ejecutivo el que debe demostrar si está o no por la labor de hacer historia.
No pinta bien. No da el PP señales de querer intentarlo aunque ciertamente merece intentarse. El Gobierno de Mariano Rajoy está en contra de la proposición de ley porque asegura que es imposible su financiación. La renta mínima está concebida para más de 2.4 millones de personas sin recursos, que se prolongaría mientras el beneficiario carezca de empleo y de recursos económicos. Dar el paso podría suponer un gasto de alrededor de doce mil millones de euros. En concreto, los requisitos que se plantean en esta iniciativa son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de no ocupado y no percibir prestaciones por desempleo. En este punto, cabe recordar que cada comunidad autónoma tiene su propio sistema de ayudas para personas que no tienen recursos suficientes para atender sus necesidades más básicas de la vida y que, por lo tanto, se encuentran en situación de riesgo.
En más de dos millones de hogares españoles ninguno de sus miembros recibe ayuda alguna. El Estado debe de garantizar la cohesión social impidiendo con la Ley de Renta Mínima que se caiga en la pobreza extrema y en la exclusión social. En esa línea de trabajo y compromiso, las medidas de apoyo que tiene cada comunidad autónoma deben complementar a la Ley del Estado. El sistema de global de ayudas exige una gran coordinación entre todas las administraciones. El coste de la medida es importante, pero el beneficio social es aún mayor. Por lo demás, no debe perderse de vista que en la medida en que la economía mejore y se reduzca el paro los más de treinta mil millones de euros con los que se está atendiendo a más de cinco millones de desempleados podrían transferirse progresivamente a la futura ley sin tener que incrementar en tantos miles de millones el gasto en el presupuesto. El enorme esfuerzo presupuestario que la Ley exigiría está más que justificado por la cobertura y solidaridad que merecen millones de ciudadanos.
