Las patronales turísticas canarias ‒Ashotel, FEHT, Asofuer y FTL‒ urgen al Gobierno regional a que ejerza de manera inmediata las competencias en materia de costas y gestión del litoral que asumió en virtud del artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, cuya reforma se aprobó en las Cortes Generales en noviembre de 2018.
El Ejecutivo autonómico debe ejercer unas competencias que le corresponden y que han sido una demanda histórica en las Islas, porque a medida que pasan los años se van acumulando los expedientes y conflictos competenciales que Canarias debe resolver con urgencia.
Además, el Gobierno central lleva todo este tiempo sin dotar la ficha financiera que requiere el ejercicio de estas competencias, una situación inaceptable a juicio de las patronales. En cualquier caso, aunque esa dotación económica no esté lista aún, Canarias debe ejercer esta función desde el momento en que estas competencias se recogieron en la reforma del Estatuto de Autonomía.
No es admisible seguir asistiendo a la injerencia del Estado en esta materia, porque, además, se siguen acumulando las solicitudes de numerosas actuaciones administrativas en las costas canarias, un recurso natural de gran atractivo para residentes y para quienes visitan las Islas cada año. Entre esas concesiones, muchas de las cuales son comunes en varios municipios turísticos canarios, como las de los chiringuitos de playa o los servicios esenciales de hamacas y sombrillas, con demora de hasta dos años para dar respuesta a las solicitudes, destaca la inversión prevista para la renovación del hotel RIU Oliva Beach, en Fuerteventura, bloqueada desde hace cuatro años por parte del Gobierno estatal, un establecimiento del que dependen más de 400 profesionales en plantilla. Asimismo, se suma la paralización de proyectos de playas vinculados a nuevas instalaciones hoteleras o la existencia de paseos marítimos en penosas condiciones.
Otros casos conocidos son los del litoral de Arguineguín, en Gran Canaria, en el que varios establecimientos alojativos ven peligrar la continuidad de muchas de sus instalaciones esenciales (solárium, terrazas, zonas comunes de piscinas…), debido a que dependen también de concesiones administrativas que se han caducado, pero cuyas prórrogas no se tramitan. Esta situación genera una inseguridad jurídica enorme a las empresas.
En Tenerife son varios los proyectos paralizados desde hace muchos años, como la playa de Martiánez o la marina deportiva de Puerto de la Cruz; también, en el sur de esta isla, las playas de Los Tarajales (Arona), Las Salinas (Guía de Isora) o San Salvador y San Blas (San Miguel), entre otras. Asimismo, mejoras necesarias en playas turísticas ya existentes, como El Camisón o Fañabé, con proyectos privados presentados hace ya tres años, siguen a la espera.
Conciencia medioambiental Los empresarios turísticos han defendido en numerosas ocasiones que de la costa canaria, convertida en el principal atributo turístico de las Islas, es totalmente imprescindible su preservación medioambiental para el desarrollo respetuoso de la actividad turística. Esa mayor cercanía de la administración competente, que es efectiva desde hace meses pero que no se ejerce, debe servir para compatibilizar una mayor protección del medio con el turismo, principal motor de la economía canaria.
Además, todos estos conflictos burocráticos solo contribuyen a empeorar la experiencia de los visitantes que llegan a las Islas, un destino multiexperiencia que tiene en el sol y la playa dos de sus principales atractivos.
Con esta competencia en sus manos, el Ejecutivo regional puede establecer y regular los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas; la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones; la ejecución de obras y actuaciones en el litoral canario cuando no sean de interés general; o la atribución de los servicios que se presten en playas y demás lugares del litoral, en coordinación con las entidades locales.
Las patronales turísticas consideran que retrasar el ejercicio efectivo de unas competencias asumidas ocasionará un grave daño al sector, por cuanto ello tiene una directa conexión con el mantenimiento de miles de puestos de trabajo y la continuidad de muchas empresas que dependen de forma directa de las correspondientes habilitaciones, ahora en manos del Gobierno autonómico. Finalmente, es este, además, un momento interesante, puesto que los fondos europeos Next Generation pueden servir para el desarrollo y la ejecución de mejoras evidentes y necesarias en las playas existentes y en otras por construir, en puertos y marinas deportivas, así como en otras propuestas públicas y privadas.
