El turismo sigue viviendo un momento dulce en Canarias. Se producen nuevos records en llegada de visitantes: 14,9 millones en 2016 (13,3 extranjeros y 1,6 españoles), un 12,6% más que en 2015. Con elevados niveles de ocupación. Con superación, año tras año, del volumen de ingresos. Con buenas perspectivas para el conjunto de 2017, corroboradas por datos como el del pasado mes de febrero, en el que el gasto de los turistas alcanzó los 1.400 millones de euros, un 11% más respecto al mismo mes de 2016.
Sin embargo, pese al éxito de las macro cifras, el sector turístico no repercute de manera suficiente ni en el empleo que genera ni, especialmente, en su calidad. La otra cara de la moneda de las mareantes cifras (como los 15.136 millones de euros de ingresos por visitantes extranjeros en 2016) es una realidad de malas condiciones laborales, de precariedad y de bajos salarios.
La otra cara de la moneda del conjunto de una economía con tres años de constante crecimiento, del 3,2% en 2016, y de la generación de miles de empleos, es el 35% de personas en riesgo de pobreza que señala la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 25,7% de paro, según la Encuesta de Población Activa (EPA), el 63% de parados de larga duración así como las 102.000 familias canarias con todos sus miembros en desempleo. La otra cara de la moneda es el aumento de las desigualdades.
Este es el caso paradigmático, pero no único, de las camareras de piso, las kellys, trabajadoras que realizan su labor en condiciones laborales injustas e inaceptables. Situación que ha empeorado la crisis económica y, especialmente, la implantación de la reforma laboral del PP.
Nueva Canarias (NC) ha llevado el caso de las kellys al Parlamento canario y al Senado, cámara esta última donde la mayoría absoluta del PP impidió hace unas semanas la creación de una comisión de estudio, planteada por la senadora de NC por Gran Canaria, sobre la situación de estas trabajadoras. Y lo hará también con propuestas en el Congreso de los Diputados.
Sobrecarga
Hemos denunciado la actual situación y exigido que desde los diferentes ámbitos competenciales –estatal y canario- se intervenga de forma decidida para poner fin a una realidad laboral de sobrecarga de trabajo que afecta gravemente a la salud de las personas de este colectivo, integrado de forma casi exclusiva por mujeres.
Son cerca de 15.000 en el conjunto del Archipiélago y su situación no ha hecho más que empeorar con la crisis económica y la aplicación de la reforma laboral. Incrementándose el trabajo a tiempo parcial, la eventualidad y las subcontrataciones. Teniendo que realizar mayor número de habitaciones con el mismo salario o, incluso, cobrando menos. Circunstancia, la de los bajos salarios que perciben, que también les dañará a la hora de establecer la cuantía de sus pensiones de jubilación.
En nuestro reciente IV Congreso nacional, Nueva Canarias debatió y aprobó una resolución sobre defensa del sector laboral de las camareras de piso. Entre otras medidas se recoge la propuesta de adelantar la edad de jubilación. Recordando que el desgaste físico y psicológico que sufren hace que solo una minoría complete su vida laboral; y que las que se ven obligadas a dejarlo antes de la edad en que les corresponde jubilarse solo les queda el 55% de su ya exiguo salario.
Precariedad
Pero las respuestas deben ser globales de combate contra la precariedad. En primer lugar, modificando la reforma laboral para recuperar la negociación colectiva y mejorar las condiciones de trabajo del conjunto de trabajadores y trabajadoras. Cumpliendo con lo estipulado en los convenios y acuerdos en el ámbito de la hostelería o trabajando para reconocer como enfermedades profesionales aquellas contraídas en el desempeño de su tarea.
De lo contrario, las medidas aisladas no irían al fondo del problema de su vulnerabilidad, condiciones extremas de trabajo y falta de respuesta a sus enfermedades profesionales.
Hace falta una implicación colectiva. Del empresario, cumpliendo la legislación vigente. De las administraciones, que están obligadas a realizar actividades de control y seguimiento sobre las condiciones laborales. De unas inspecciones de trabajo eficientes, cercanas y permanentes. Y, asimismo, de los trabajadores y de sus representantes sindicales, que tienen que mantener su denuncia –como han hecho las camareras de piso visibilizando su situación ante el conjunto de la sociedad- y redoblar su presión. En el camino de conseguir un empleo donde haya altos niveles de seguridad laboral, jornadas justamente retribuidas, disminución de la carga laboral y una mejora sensible en la forma de organización del trabajo.
Nuestro compromiso es pleno con la modificación de las condiciones laborales de las camareras de piso. Emplazamos al conjunto de sindicatos y asociaciones empresariales, a todas las formaciones políticas, a las Cortes Generales y al Parlamento de Canarias, y a los gobiernos español y canario, a implicarse a fondo para tomar decisiones que reviertan la actual situación.
Desarrollando actuaciones de carácter integral en los ámbitos legislativos y ejecutivos con competencias para recuperar los derechos laborales, perseguir el fraude laboral y cambiar la ley de la Seguridad Social, así como la reforma laboral, entre otras modificaciones a adoptar. Lo que exige un amplio consenso entre las fuerzas políticas y mayorías políticas alternativas a las actuales.
Para que el crecimiento económico repercuta mucho más en la sociedad canaria, generando empleo de calidad. Para poner fin a la degradante e injusta situación que sufren hoy estas trabajadoras. Para dignificar el trabajo esencial que realizan y reconocer de manera justa los derechos laborales y las necesidades específicas de las camareras de piso.
Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.
