La Audiencia de Cuentas de Canarias pondrá en marcha una investigación sobre el escándalo de los cobros irregulares a más de una docena de usuarios de la Residencia de Mayores de Agüimes, a los que el Ayuntamiento cobraba, al menos desde el año 2013, el importe íntegro del servicio pese a ocupar una plaza subvencionada por el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno regional a través del Convenio de Dependencia
Así lo ha aprobado hoy la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias, a propuesta del Partido Popular (PP) y con el voto en contra de PSOE y NC, que ha interesado a la Audiencia de Cuentas un informe de fiscalización sobre la gestión económico financiera del Convenio de Dependencia con el Cabildo de Gran Canaria para la concertación de plazas de residencias de mayores en los años 2014, 2015 y 2016.
La diputada del Partido Popular Josefa Luzardo, en calidad de proponente, recordó durante su exposición que el Ayuntamiento de Agüimes cobraba a estas personas –dependientes severos en su mayoría- casi 1.000 euros de más cada mes, cuando el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria ya abonaban esa misma cantidad a través del Convenio de Dependencia.
El propio Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, señaló hace unos meses que existían indicios claros de “mala praxis” por parte del Ayuntamiento de Agüimes desde la etapa en la que el actual presidente del Cabildo, Antonio Morales, era alcalde del municipio, y que el dinero no estaba siendo destinado a sufragar esas plazas.
El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria también ha denunciado estas graves irregularidades en multitud de ocasiones, incluso a través de mociones en el Pleno de la Corporación, al objeto de investigar los hechos, depurar responsabilidades y proceder a la devolución urgente de las cantidades cobradas de forma indebida a las personas dependientes.
A día de hoy, casi un año después de que los propios usuarios denunciaran los hechos, ni el Ayuntamiento de Agüimes (NC) ni el Gobierno insular que conforman PSOE, NC y dos consejeros tránsfugas han aclarado el destino del dinero cobrado de manera irregular, y tampoco si las certificaciones de los diferentes ejercicios remitidas al Cabildo de Gran Canaria por parte del Consistorio en relación al cumplimiento del Convenio de Dependencia se ajustan a la legalidad.
