La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) ha trasladado a los portavoces de los grupos parlamentarios la necesidad de retrasar la fecha de aplicación del decreto de playas, que debe entrar en vigor el próximo 8 de agosto. Los portavoces se comprometieron a actuar de urgencia y solicitar al Pleno el retraso de la entrada en vigor vía proposición no de ley, para posteriormente trabajar en un decreto consensuado en una mesa en la que también tomaría parte la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
El Parlamento de Canarias ha sido escenario este martes del encuentro de la AMTC con los portavoces. A la vicepresidenta y alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno; la han acompañado la secretaria y alcaldesa de Guía de Isora, Josefa Mesa; el vocal y alcalde de Tías, José Juan Cruz; y el parlamentario y alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort.
Se contó con la asistencia de los portavoces de todos los grupos parlamentarios: Agrupación Socialista Gomera, Socialista Canario, Popular, Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), Sí Podemos Canarias y Mixto. Todos y todas tomaron la palabra, mostrándose comprensivos antes las demandas de la AMTC y comprometiéndose a apoyarlas.
Esta reunión con los portavoces se produce debido a que la Comisión Autonómica de Protección Civil no atendiese las aportaciones al decreto de playas realizadas desde hace meses por parte de los destinos turísticos, que vienen abogando por una norma flexible y que tenga en cuenta las especificidades de cada municipio.
Onalia Bueno trasladó a los representantes de los distintos grupos que la aplicación de las normas e instrucciones para la seguridad y protección en playas y zonas de baño coloca a los ayuntamientos en una situación muy comprometida. “Si el decreto se aplica sin modificar, los alcaldes y alcaldesas corremos incluso el riego de incurrir en responsabilidad penal, tal es el nivel de exigencia del documento”, señaló Onalia Bueno a los presentes, recalcando que la seguridad en las costas era una prioridad para todos.
La vicepresidenta de la AMTC explicó que “el decreto obligaría a los ayuntamientos a unos gastos humanos y materiales inasumibles. En el caso de Mogán, solo en personal estamos hablando de unos dos millones de euros. En el caso de municipios como Tías o Teguise de una cifra muy cercana a esos dos millones. El desequilibrio presupuestario resulta evidente”.
“La entrada en vigor de la norma tumbaría los contratos de seguridad actuales y ello implicaría dejar sin recursos a nuestras playas durante seis meses hasta que se tramiten los nuevos”, añadió.
Los cambios solicitados por la asociación permitirían una interpretación más flexible del decreto, abriendo la posibilidad a las administraciones locales a mancomunar los recursos materiales y humanos entre las playas aledañas.
Los municipios turísticos han solicitado reiteradamente que se redimensionen las condiciones o requisitos de los planes de seguridad y salvamento de las playas igualmente en lo tocante a los criterios fijados para determinar el aforo de las mismas y el historial de incidencias.
“No puede ser que los migrantes que fallecen en nuestras costas se contabilicen como ahogados. Ni que se contabilice a las personas que fallecen a consecuencia de un infarto”, precisó la alcaldesa de Mogán.
“De entrar en vigor el decreto, ayuntamientos como el de Mogán ser verían obligados a cerrar sus playas, con el impacto en el turismo que ello tendría”, agregó.
