Representantes del sector cultural canario se han adherido a la Declaración del 23-N en contra de las prospecciones petrolíferas que se están desarrollando en aguas del Archipiélago, en un acto presidido por el jefe del Ejecutivo autónomo, Paulino Rivero, en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife.
La Declaración del 23-N, que se firmará el próximo domingo, expresa el “más enérgico rechazo a la injustificable oposición del Gobierno de España a que los canarios puedan manifestar directamente su opinión sobre asuntos que les conciernen a través de los mecanismos legales previstos al efecto y la “firme y decidida oposición a las prospecciones petrolíferas que se están realizando en aguas canarias y a un modelo de desarrollo contrario a los valores de sostenibilidad a los que legítimamente aspira la sociedad canaria”.
Rivero, que agradeció el apoyo de los diferentes colectivos ciudadanos en la batalla contra las prospecciones y en favor de un modelo de desarrollo sostenible, destacó la posición absolutamente mayoritaria en Canarias contra el desarrollo de una industria petrolífera y señaló que la lucha sigue abiertas en distintos frentes.
La Declaración del 23-N recuerda que “la tramitación administrativa de la referida autorización ha venido marcada por una fuerte contestación y rechazo a las prospecciones por parte de las instituciones y de la sociedad canaria; y por las dudas acerca de la compatibilidad de tales prospecciones con la defensa de los valores medioambientales de la zona, que ha llevado a diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales a presentar recursos judiciales frente a las mismas”.
Señala asimismo que “la ciudadanía de Canarias se ha manifestado multitudinariamente en contra de las prospecciones en dos ocasiones (el 7 de junio y el 18 de octubre del presente año)” y que “la inmensa mayoría de las instituciones canarias han adoptado también acuerdos posicionándose expresamente en contra de las mismas.”
En este sentido, “desde el Gobierno de Canarias se ha intentado promover que la ciudadanía canaria pudiera pronunciarse sobre esta cuestión a través de los mecanismos de participación directa previstos en nuestro Ordenamiento jurídico (referéndum y consulta ciudadana); ambas iniciativas han sido bloqueadas por el Gobierno de España, cerrando la puerta a que los canarios y las canarias pudieran manifestar democráticamente su parecer sobre una cuestión de gran relevancia para el futuro de las islas”.
Declaración institucional del 23 de noviembre contra las prospecciones petrolíferas en aguas canarias
La empresa multinacional REPSOL está realizando desde esta semana una serie de prospecciones petrolíferas en aguas canarias, con la autorización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 11 de agosto de 2014).
La tramitación administrativa de la referida autorización ha venido marcada por una fuerte contestación y rechazo a las prospecciones por parte de las instituciones y de la sociedad canaria; y por las dudas acerca de la compatibilidad de tales prospecciones con la defensa de los valores medioambientales de la zona, que ha llevado a diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales a presentar recursos judiciales frente a las mismas.
La ciudadanía de Canarias se ha manifestado multitudinariamente en contra de las prospecciones en dos ocasiones (el 7 de junio y el 18 de octubre del presente año). La inmensa mayoría de las instituciones canarias han adoptado también acuerdos posicionándose expresamente en contra de las mismas.
Desde el Gobierno de Canarias se ha intentado promover que la ciudadanía canaria pudiera pronunciarse sobre esta cuestión a través de los mecanismos de participación directa previstos en nuestro Ordenamiento jurídico (referéndum y consulta ciudadana). Ambas iniciativas han sido bloqueadas por el Gobierno de España, cerrando la puerta a que los canarios y las canarias pudieran manifestar democráticamente su parecer sobre una cuestión de gran relevancia para el futuro de las islas.
El día 23 de Noviembre era la fecha prevista para que se celebrase la consulta ciudadana promovida por el Gobierno de Canarias, cuya realización ha sido suspendida por decisión del Gobierno de España.
Ante el silencio impuesto a la ciudadanía, los legítimos representantes de la inmensa mayoría de las instituciones canarias y cargos electos del Parlamento de Canarias, de las Cortes Generales y del Parlamento Europeo, nos reunimos en Santa Cruz de Tenerife para manifestar:
PRIMERO.- Nuestro más enérgico rechazo a la injustificable oposición del Gobierno de España a que los canarios puedan manifestar directamente su opinión sobre asuntos que les conciernen a través de los mecanismos legales previstos al efecto.
SEGUNDO.- Nuestra firme y decidida oposición a las prospecciones petrolíferas que se están realizando en aguas canarias y a un modelo de desarrollo contrario a los valores de sostenibilidad a los que legítimamente aspira la sociedad canaria.
