Esta semana hemos conocido los últimos datos sobre el abandono escolar temprano en el conjunto del Estado y en las distintas comunidades autónomas. Ofrecidos por el ministerio del polémico Wert confirman, pese a la reducción de los últimos años, que nos encontramos muy lejos de los parámetros europeos. También hemos escuchado estos días en sede parlamentaria la muy optimista valoración del consejero de Educación del Gobierno canario sobre cómo ha evolucionado el abandono en nuestra comunidad, valoración que merece, cuanto menos, ser matizada.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) define el abandono educativo temprano como el porcentaje de personas de 18 años a 24 años que no ha completado la educación Secundaria de segunda etapa (Bachillerato o Formación Profesional) y no ha seguido ningún tipo de estudio o formación en las cuatro últimas semanas.
En el ámbito estatal los últimos datos, correspondientes a 2013, en base a la información que suministra la Encuesta de Población Activa (EPA), sitúan el abandono en un 23,5%, mejorando 1,4 puntos respecto a 2012 (24,9%). Con notables diferencias entre hombres (27%) y mujeres (19,9%).
España se encuentra aún lejos de la tasa media de la Unión Europea, que era del 12,7% en 2012. El objetivo de las autoridades educativas españolas es alcanzar el 10% de abandono escolar temprano en 2020.
Cierto es que hay comunidades homologables a Europa, entre ellas Euskadi (8,8%), muy por debajo de la media de la UE, Cantabria (11,8%) y Navarra (12,8%); otras situadas ligeramente por encima como Asturias (18,7%), Castilla-León y Aragón, ambas con un 18,8%. Pero otras se alejan mucho, caso de Baleares (29,7%), Extremadura (28,5%) y Andalucía (28,4%) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que superan el 35%.
Canarias
Así como Canarias (28,3%), cinco puntos por encima de España y superando a la Unión Europea en casi dieciséis puntos porcentuales. En el caso de nuestras islas es indudable que, al igual que en el conjunto del Estado, el abandono escolar ha ido disminuyendo en los últimos años. Algo estrechamente relacionado con los cambios experimentados en nuestra economía desde 2008.
Es preciso recordar que llegamos a tener tasas superiores al 36% en la etapa del boom de la construcción. En la que miles de jóvenes sin titulación (la mayoría chicos) se incorporaban al mundo laboral atraídos por la posibilidad de disponer de dinero y capacidad inmediata de consumo, algo que muchos consiguieron muy por encima de los que decidieron continuar con sus estudios.
Aquel rápido y fácil acceso al empleo, sin la menor formación, se tornó años más tarde en un profundo fracaso personal y social. Buena parte de esos jóvenes perdieron sus puestos de trabajo con la caída del sector de la construcción, y en menor medida del turismo, y se encontraron ante la cruda realidad de carecer de empleo pero, también, de cualificación y titulación.
Fueron víctimas de un desarrollismo ajeno a los intereses endógenos de Canarias, de sus habitantes y de su territorio, que intentamos corregir con la aprobación de las directrices, apostando por un modelo sostenible, planificado desde aquí, puesto al servicio del presente y futuro de los hombres y mujeres de las Islas.
La crisis está detrás de los cambios en el abandono escolar. Menos gente se fuga al mercado laboral sin concluir sus estudios porque no hay empleo. Y, por la misma razón, regresan a las aulas una parte de los que la abandonaron hace unos años en búsqueda de una segunda oportunidad formativa.
Formación Profesional
Por eso, desde las administraciones públicas no se deben lanzar las campanas al vuelo. La parte más significativa de la bajada en los porcentajes de abandono tiene mucho que ver con las circunstancias económicas. Ya no se puede dar el salto automático de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a la obra. Otra cosa es que la consejería haya mejorado estos años la oferta en Formación Profesional, dato cierto aunque claramente insuficiente, como es todavía insuficiente su adaptación al mercado laboral del Archipiélago.
No me gusta el catastrofismo. Y reconozco los avances en Educación por pequeños que sean. Pero nuestra situación exige un enorme esfuerzo de todos, administración, docentes, familias, alumnado y el conjunto de la sociedad, para superar los déficits que padecemos y colocarnos en parámetros europeos de los que todavía nos encontramos muy alejados.
Algo que no sólo exige cambios en el ámbito educativo. Como se sabe, tanto en el abandono como en el fracaso escolar tienen un elevado peso las condiciones socioeconómicas, siendo la probabilidad de acceso a la universidad seis veces mayor para los hijos e hijas de las clases medias que para los de las clases trabajadoras. Y en Canarias hay mucho desempleo y ha crecido de manera significativa la pobreza. Combatirla consecuentemente ayuda también a un mayor éxito escolar.
Ley canaria
Desde Nueva Canarias hemos apoyado decididamente la Ley Canaria de Educación, colaborando activamente en su gestación junto a distintos colectivos docentes o federaciones de AMPAs. Defendiendo en solitario, en el Parlamento, la tramitación de esta ley de iniciativa popular cuando el Gobierno intentó inicialmente que no llegara a la Cámara y participando activamente en su posterior tramitación y aprobación parlamentaria. Una norma hoy cuestionada por el Gobierno del PP y que puede terminar impugnada ante el Tribunal Constitucional y, por tanto, paralizada.
Una ley que, por cierto, establece el compromiso de que el presupuesto educativo se sitúe en el 5% del PIB en los próximos años, tras los cientos de millones detraídos de este servicio público en el último período. Las cuentas públicas canarias para 2015 no parecen estar, en modo alguno, en consonancia con ese compromiso, no avanzan en esa dirección. Educación apenas crece un 0,6% cuando la economía lo hará un 2%, luego en lugar de ganar pierde peso relativo en el PIB; y así no es posible enderezar el rumbo y colocar como prioridad práctica, no sólo en el discurso, el elemento más estratégico para nuestro presente y futuro: la formación de nuestra gente.
Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.
