Ahora resulta que la consulta catalana del próximo 9 de noviembre, si se celebra, responde a un posible “plan B” del presidente Artur Mas, que ha supuesto la ruptura de la unidad de las fuerzas nacionalistas. Se trata de una consulta alternativa a la primera, ya suspendida, y carecerá de validez; pero, a posteriori, el presidente catalán propone unas elecciones plebiscitarias. Ya se verá…
Sin embargo, uno no acaba de entender el empeño del Gobierno y de algunos partidos estatales en negarle a los ciudadanos su derecho a expresarse sobre asuntos importantes. Como ha escrito recientemente el periodista Arturo González, “los españoles solo pueden opinar sobre aquello que el Gobierno quiera, es decir sobre nada. Por ejemplo, no pueden opinar si desean o no cambiar la Constitución. No pueden opinar sobre si desean una monarquía o una república. No pueden opinar si desean mantener o eliminar el artículo 135. No pueden opinar sobre si se deben denunciar los Acuerdos con la Santa Sede,” etc. Las razones esgrimidas son de tipo jurídico y se amparan en la Constitución.
Pero todos sabemos que la mayor parte de las leyes (incluida la propia Constitución) se pueden interpretar de maneras diferentes. Y con frecuencia, la interpretación depende de la mejor o peor disposición o voluntad de las personas que ocupan los órganos competentes. Pero, además, en el plano teórico, si una norma legal niega la realización de una demanda clamorosa de la ciudadanía, dicha ley habría que cambiarla. Estamos convencidos de que una ley que se opone a una abrumadora exigencia social termina por ser injusta. Y la injusticia de una ley constituye un argumento ético para rebelarse contra ella.
Uno no va a entrar a debatir el porqué del deseo independentista de muchos catalanes, que viene de lejos, ni la evidente manipulación que algunos políticos hacen de una aspiración que es legítima. Solamente nos proponemos defender el derecho de la ciudadanía a expresar sus opiniones. En realidad, los catalanes ya lo han hecho en las últimas elecciones autonómicas, dando una clara mayoría a los diputados de su Parlamento que defienden posiciones soberanistas.
Pero ahora la ciudadanía, harta de los errores y traiciones de los políticos electos, quiere dar un paso más y exige una participación más activa y directa. Uno está convencido de que esta exigencia irá creciendo en los próximos años y las consultas populares, tarde o temprano, acabarán siendo tan comunes como las propias elecciones.
Intentar convertir las consultas en algo prohibido, ya sea en Cataluña, en Canarias o a nivel del Estado, sólo demuestra miedo. Miedo de determinados partidos a escuchar la voz de la calle que amenaza el estatus de una élite política privilegiada. Este miedo les atenaza y les lleva a adentrarse en una preocupante tendencia al autoritarismo, recurso del poder para protegerse cuando se ve en peligro.
Asimismo, para justificar la ilegalidad de referendos autonómicos se nos recuerda permanentemente el artículo 2º de la Constitución: “la soberanía nacional reside en el pueblo español”. ¿Por qué, entonces, siendo coherente y cumpliendo la Constitución, Rajoy no se atreve a convocar un referéndum a nivel nacional para decidir sobre Cataluña? La respuesta es muy simple: porque no se resolvería nada. Supongamos por un momento que los catalanes votasen mayoritariamente por la independencia, y el resto de España por todo lo contrario. Así las cosas, la consulta no habría servido para nada, ya que el problema permanecería exactamente igual.
¿Acaso para decidir la independencia de Escocia se convocó a las urnas a todos los habitantes del Reino Unido? O para los referendos realizados en Quebec, ¿alguna vez se ha llamado a las urnas a todos los canadienses? Está claro que las leyes deben ajustarse en cada momento a la realidad social y al sentido común. Y si no, aprendamos de la Constitución dieciochesca de Estados Unidos que, con sus numerosas enmiendas, es única en el mundo y continúa vigente en pleno siglo XXI.
No obstante, podría no haber consulta en Cataluña, pero el conflicto continuará. Aunque la Constitución sea tajante, todas las sentencias judiciales no serán suficientes para silenciar la ola soberanista, ya que los posibles acuerdos económicos para apaciguar el soberanismo catalán resultan ya insuficientes y llegan demasiado tarde.
Por otra parte el inmovilismo nunca es una solución. Se podrá impedir la consulta de noviembre, pero el conflicto va a continuar creciendo. Un político debe cumplir la ley, pero no sólo eso, pues también debe saber prevenir conflictos y acordar, pactar y proponer alternativas posibles, incluso el cambio de las propias leyes. Y por lo que se ve, Rajoy no es capaz.
Tampoco debemos olvidar que durante la tramitación del actual Estatuto de Cataluña con el gobierno socialista de Zapatero, la dirección del PP con Rajoy a la cabeza organizó una ruidosa y permanente campaña anticatalana. No solo se manifestó orgullosamente acompañado y jaleado por activistas de ultraderecha, sino que puso en marcha una sorprendente recogida de firmas contra el Estatuto.
Recordemos que el Estatuto es una ley orgánica que aceptaba, con algunas modificaciones, la iniciativa del Parlamento catalán. Sin embargo, el PP llegó, incluso, a promover una lamentable y errónea campaña de “catalanofobia”, generando en una parte de la sociedad catalana la impresión de que no había nada que hacer dentro de España. Y por si fuera poco, recurrió al Tribunal Constitucional el mencionado Estatuto aprobado por las Cortes Generales y refrendado por los ciudadanos de Cataluña.
Es evidente que con su exacerbado nacionalismo españolista, el PP ha ayudado a multiplicar el nacionalismo catalán. Y si no, ahí están las hemerotecas. Y de aquellos polvos, estos lodos, Sr. Rajoy.
Por último, hacemos referencia, por su visión distante y neutral, al editorial del New York Times del pasado lunes, 13 de octubre, ocultado por determinados medios, en el cual se insta a Mariano Rajoy a negociar con el Presidente de la Generalitat una solución para Cataluña.
Según el mencionado diario, el referéndum de Escocia del pasado septiembre demostró que si a las personas se les permite un debate abierto y un voto democrático de autodeterminación, optarán por permanecer en el sistema de gobierno más amplio. Sin embargo, a juicio del editorial, la línea dura de España con el nacionalismo catalán demuestra lo contrario: “si se frustran las ambiciones nacionales, solo se hacen más fuertes, más apasionadas y potencialmente más peligrosas”.
Y respecto al rechazo de Rajoy a celebrar el referéndum por la ilegalidad del mismo, el editorial es claro: “Algo tan complejo y emocional como la identidad nacional no puede reducirse a una cuestión permanentemente jurídica; requiere soluciones políticas”.
Por tanto, concluimos que la ciudadanía sigue pendiente de una respuesta política. ¿O acaso no hay políticos capaces en este país? Mientras tanto, independientemente de que la consulta light del 9-N se celebre o no, permaneceremos conviviendo con esta espiral de la tensión España versus Cataluña y a la inversa.
Y lo cierto es que las posturas políticas de unos y otros continúan enconadas y la histórica “cuestión catalana”, lejos de resolverse, sigue creciendo. ¿Hasta cuándo?
