Cada vez que un ayuntamiento, cabildo o gobierno de rango superior aprueba una norma para regular un sector, es tan inevitable como que amanece cada mañana la aparición de grupos de personas que se sienten perjudicados, a veces amparados en asociaciones, partidos o sindicatos con mayor o menor aparataje mediático. Tampoco faltan ciudadanos satisfechos, que sienten que se ha obrado correctamente al atender o regular de una vez necesidades objetivas. Este suele ser el caso de los consumidores de los servicios calificados, con mayor o menor acierto, de públicos.
Con la entrada en vigor de la nueva Ordenanza del Servicio Urbano de Taxi de LPGC, se ha vuelto a cumplir esa inexorable rutina de contento de unos y rechazo de otros, cansinamente estos últimos de forma histriónica y ofreciendo pocos o ningún argumento real para comprender su oposición. Y un tercer grupo, generalmente de partidos políticos muy minoritarios que echan su curriña para intentar pescar algún voto entre los descontentos con lo que sea en ese momento.
No hay nada que objetar, más bien al contrario, que quienes se sientan perjudicados o en desacuerdo con algún punto, o con la totalidad de cualquier norma, manifiesten sus discrepancias públicamente. Pero sería muy de agradecer que dieran a conocer a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, a qué se oponen concretamente y las razones del por qué lo hacen. Salvo que se quiera hacer demagogia o practicar el oportunismo sectario o gremial, no basta con los clásicos e infundados eslóganes “tendremos que cerrar”, “los trabajadores irán al paro”,“la crisis no lo permite” o “va contra los consumidores”, por poner algunos de los más socorridos y coreados.
Por cierto, lo dicho es particularmente indicado para la oposición municipal. La portavoz socialista Isabel Mena acusa a Ángel Sabroso de reírse de los taxistas de la ciudad y tacha de “mezquindad” que al concejal le parezca que vestir con falda sea una forma “graciosa” de protestar. Y como se ha abierto la veda electoralera populista, además lo acusa de burlarse de los trabajadores del taxi “que lo que quieren es mejorar sus condiciones de trabajo, algo que no les soluciona un uniforme”. Isabel Mena no debiera ignorar que está mezclando churras con merinas, no estaría mal que nos ilustrara de cómo el uniforme contribuye a empeorar las condiciones de trabajo de los taxistas. Personalmente creo que cada uno puede hacer el ridículo como quiera y sepa, con faldas o sin ellas y hasta cierto límite. Pero también creo que los ciudadanos que observan esa charlotada se merecen mayor consideración y respeto, máxime por tratarse de un servicio clasificado como público.
Cuando se publique en la prensa el texto del recurso contencioso-administrativo contra la nueva Ordenanza que anuncian asociaciones como ATAT, se podrá saber con certeza a qué se oponen en realidad y con qué argumentos lo hacen. Cuando eso suceda pueden haber sorpresas, como fue el caso de la oposición a las aperturas dominicales, que una cosa decían al pueblo y otra bien distinta escribían para los políticos y jueces. Ahora sólo cabe especular sobre lo que unos y otros dicen.
En este sentido, para empezar, sorprende la oposición al uniforme. No queda claro si es que algunos se oponen a que los taxistas vistan un uniforme que los identifique, como los guagueros o los empleados de muchos servicios públicos, o es a la elección de unas prendas en concreto. Desde el punto de vista del usuario, la seguridad y la lucha contra el intrusismo, parece muy razonable que exista una identificación visual de los taxistas, como sucede en muchísimas ciudades del mundo. Si la protesta fuera por el tipo o color de las prendas, es virtualmente imposible satisfacer a todo el mundo. El requisito básico para las que se determinen, es que exista tallaje suficiente y puedan ser adquiridas a precios razonables, sin que haya un favoritismo encubierto hacia algún proveedor.
