Tal y como venimos haciendo desde que se inició la crisis, el Gobierno de Canarias seguirá defendiendo, contra viento y marea, los servicios públicos esenciales; seguirá defendiendo con todos los medios a su alcance a aquellos que menos tienen y no dará ni un paso atrás en su apuesta por la sanidad, la educación o las políticas sociales. El Gobierno de Canarias no aplicará recortes presupuestarios el próximo año en estos servicios y mantendrá intacto un compromiso que es, en definitiva, su santo y seña: lo ha sido en los últimos años, durísimos desde el punto de vista económico, y lo seguirá siendo en el futuro.
A pesar de las restricciones derivadas de una política estatal centrada exclusivamente en la reducción del gasto público, el Gobierno de Canarias hará los esfuerzos que sean necesarios para garantizar no sólo la gratuidad de la educación y la sanidad, sino una eficiente prestación de estos servicios. Frente a las soluciones por las que han optado otros y que se han concretado en el cierre de colegios o la privatización de hospitales, el Gobierno de Canarias se ha caracterizado por una cerrada defensa de los servicios esenciales, que mantendrá sin fisuras en los próximos años.
A pesar de las dificultades presupuestarias que se vuelven a vislumbrar en el camino, con nuevos recortes en los fondos procedentes del Estado, y a pesar de la reducción de los límites de déficit y endeudamiento (desde el 1 por ciento autorizado de este año al 0,7 por ciento para 2015), el Gobierno que presido está comprometido hasta el tuétano con los servicios públicos. Por convicción, por solidaridad, por justicia social, no vamos a permitir que se deterioren unas prestaciones a las que los ciudadanos tienen derecho, más aún en períodos de necesidad.
El ejemplo más cercano de esta forma de proceder lo vamos a tener con el inminente curso escolar. La educación está en lo más alto de las prioridades del Gobierno y la gestión que viene realizando el vicepresidente y consejero del área, José Miguel Pérez, así lo demuestra.
Con el nuevo curso daremos un paso más en la mejora permanente de la oferta de plazas y de títulos en todas las enseñanzas profesionales. Así, hemos incrementado en 1.300 plazas la oferta de las Escuelas de Idiomas, en 300 plazas la oferta de Enseñanzas Deportivas y en más de 3.000 plazas la oferta de FP. Además, este curso habrá cuatro nuevo centros que impartan enseñanzas de Formación Profesional y un nuevo Centro Integrado de FP, el CIPF de Las Indias, en Santa Cruz de Tenerife. También se iniciarán seis nuevos proyectos de FP Dual, que se suman a los 11 existentes hasta el curso pasado.
Merece que prestemos una atención específica a los datos relativos a la Formación Profesional, no en vano estamos manejando cifras históricas en la oferta de plazas. En lo que va de legislatura se han creado 8.000 plazas nuevas en esta enseñanza y es bastante probable que al finalizar la misma acabemos con 10.000 alumnos nuevos en FP.
Otro aspecto que demuestra bien a las claras el compromiso del Gobierno de Canarias en materia educativa es el adelanto en dos meses del plazo para que los alumnos puedan solicitar su beca canaria –lo podrán hacer desde mañana- y tengan una pronta respuesta (sin esperar al Ministerio). Asimismo, el Gobierno ha incrementado en 2.300 las plazas en los comedores escolares (con un incremento también de aquellos alumnos de cuota cero) y se mantendrá el programa de desayunos escolares para Primaria y ESO. En el capítulo de Obras de Reforma y Ampliación (RAM) hemos invertido 7 millones de euros, que han permitido ejecutar proyectos de distinto tipo en 278 centros escolares. Igualmente, hemos destinado 1,2 millones de euros a reposición y nuevos prestatario de libros de texto y hemos ayudado con la exención de tasas a la PAU y títulos de Bachillerato a todo el alumnado que lo precisaba por su situación económica familiar.
Son algunos hechos que, junto a la entrada en vigor de la Ley Canaria de Educación (pendiente de su desarrollo normativo) marcarán un inicio de curso en el que haremos todo lo posible por amortiguar las consecuencias más nocivas de la implantación de la LOMCE.
Quiero agradecer desde estas líneas a toda la comunidad educativa, especialmente al profesorado, el compromiso y la responsabilidad que han demostrado durante estos últimos años, en los que la normalidad, como bien ha dicho el vicepresidente, se ha convertido en un gran valor.
Por la parte que le toca al Gobierno, seguirá inalterable en su defensa de la escuela pública y de los valores inherentes a ésta, a pesar de las dificultades actuales o cualesquiera otras que se pudieran presentar. Ese es nuestro compromiso. Esa es nuestra responsabilidad.
