Ahora sí, parece que la necesidad de una reforma que ponga al día nuestra Carta Magna ha encontrado su espacio en el calendario de los asuntos –inaplazables- de Estado; parece que, ahora sí, empiezan a darse las condiciones para que dicha reforma eche a andar, para que se avance hacia una solución negociada que dé respuesta a una realidad social y territorial que poco tiene que ver con la que vivía España en 1978.
Las voces que así lo reclaman no dejan de crecer. Voces que vienen a sumarse a las de quienes desde hace años venimos reclamando esa reforma constitucional como el mejor camino para defenderla, para fortalecerla con los cambios que contribuyan a hacerla también la Constitución de las nuevas generaciones que no votaron aquel texto hace 36 años, y para reforzar, entre todos, el armazón legal de nuestra convivencia.
Voces como la de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que, incluso, ha señalado el marco legal en el que debe empezar a debatirse esa reforma: la Comisión del Congreso para la Reforma Constitucional. Voces como la del que será próximo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien ya ha anunciado que propondrá a Rajoy un pacto que posibilite una reforma negociada de la Constitución que contemple el reconocimiento de hechos diferenciales como la insularidad, la lengua, las nacionalidades o los derechos forales.
Mientras en Cataluña una reforma constitucional que contemple un nuevo modelo territorial podría constituir una salida aceptable y aceptada mayoritariamente para salir de la actual encrucijada, en Euskadi el lehendakari –en una carta enviada a Rajoy, carta que no ha tenido respuesta- reclama una reflexión conjunta sobre el autogobierno en un Estado que no es ya el que aprobó la Constitución de 1978 y, ni siquiera, el que ingresó en la Comunidad Económica Europea en 1986.
Urkullu habla de los conflictos originados por la actitud recentralizadora del Gobierno español, Susana Díaz pide preservar nuestro modelo de convivencia frente a enconamientos que nos llevan al precipicio y desde Canarias reclamamos que se apuntale constitucionalmente nuestra posición; y, mientras todo esto y más ocurre en los distintos territorios, Rajoy gana tiempo perdiéndolo.
Por un lado, asegura no oponerse a esa reforma que desembocaría en una Constitución reforzada; por otro, se niega a iniciar ese proceso hasta que no se produzca el consenso necesario -un consenso que no llega precisamente por la resistencia numantina del PP a tocar un texto que, en aspectos fundamentales, ya no da respuesta a cuestiones esenciales de nuestra realidad social y territorial-.
Porque esencial es, sin duda, iniciar una segunda transición que dé salida a un modelo agotado. Esencial es, sin duda, reinventar la convivencia sobre nuevas bases que garanticen la pluralidad y el respeto a las diferencias, la solidaridad territorial y la justicia social.
Esencial es dar respuestas a los ciudadanos que demandan una regeneración democrática que pasa ineludiblemente por reconstruir las bases legales de nuestras instituciones y de la norma fundamental que sostiene el Estado de Derecho.
Hace años que vengo reclamando la puesta a punto de una Constitución que se gestó voluntariamente flexible y dinámica, unas características que hoy por hoy ya no tiene y que está provocando continuos conflictos. Es necesario, desde la lealtad constitucional y con los mecanismos constitucionalmente contemplados, proceder a una reforma que nos devuelva la normalidad democrática.
No son una ni dos las comunidades con un encaje cada vez más difícil en el actual modelo. Las tensiones territoriales han llegado, en muchos casos, a un callejón sin salida.
La realidad canaria no encuentra respuesta en la Carta Magna. Solo una reforma de la Constitución posibilitaría el blindaje efectivo del REF y del hecho diferencial canario.
Solo una reforma de la Constitución dotaría de sentido a una Cámara, el Senado, hoy por hoy a todas luces inútil -una institución que podría pasar a detentar funciones propias y exclusivas sobre cuestiones autonómicas como verdadero órgano de representación territorial que refleje los hechos diferenciales; en el caso de Canarias, la lejanía y la insularidad-.
Solo una reforma constitucional nos daría las herramientas necesarias para gestionar temas tan importantes para el futuro –y para el modelo de desarrollo que queremos los canarios- del Archipiélago como la delimitación de las aguas canarias, o las competencias en puertos y aeropuertos, el litoral, las aguas o el comercio exterior.
La reforma constitucional no solo es necesaria, es urgente.
