Sucedió en 2009, 2010, 2011 y ha vuelto a pasar en 2012. Acabamos de conocer la última liquidación del sistema de financiación autonómica referida a ese año y Canarias se sitúa por cuarto año consecutivo como la comunidad peor financiada de España.
Un sistema perverso que nos mantiene a la cola en los ingresos estatales para sufragar la sanidad, la educación y los servicios sociales; un sistema insuficiente que no cubre las necesidades ni el gasto social generado; y un sistema injusto que amplifica con el paso del tiempo las diferencias entre ciudadanos según el territorio donde vivan.
Ha sido con esta nueva liquidación del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando hemos constatado que Canarias, de nuevo, ha recibido en torno a 800 millones de euros menos que la media del conjunto de las autonomías en un solo ejercicio y 3.000 millones durante todo el periodo.
Datos demoledores que se convierten en dantescos cuando los comparamos con la comunidad mejor financiada. En este caso, la brecha se agranda y la diferencia llega en ese mismo año 2012 a los 1.950 millones de euros menos. Son las cifras las que hablan por sí solas. Como también son las que justifican la urgente reforma de un modelo que daña de forma extrema a Canarias y que calificamos, junto a la mayoría de comunidades autónomas, como injusto, desequilibrado e insostenible.
Ante esta evidencia compartida, el Gobierno estatal del PP adquirió el compromiso de reformar el sistema. Lo hizo a través del ministro de Hacienda y también del presidente Rajoy quienpersonalmente me lo corroboró.
Sin embargo, han roto su promesa, han deshecho un acuerdo y han renunciado a su responsabilidad; el PP incumple sus compromisos, no cumple con los canarios. Una vez más, y al igual que ocurriera con la rebaja fiscal, es la agenda electoral la que les marca el paso aunque suponga quebrantar el precepto constitucional que les obliga a velar por la equidad en el reparto de los recursos.
El argumento esgrimido no puede ser más ofensivo. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ministro Montoro justificó el cambio de opinión asegurando que el Gobierno de España, y cito textualmente, “no va a promover ahora un debate de agravios entre comunidades autónomas”.
¿Pero qué agravios pretende evitar el ministro? Los agravios ya existen y, además, se incrementan con el tiempo. Traduciéndolos a las cifras de esta última liquidación de 2012, supone que cada canario recibe 353 euros menos que la media del resto de españoles y 887 euros por debajo de los mejor financiados.
Los agravios no desaparecen por sí solos y, mucho menos, se ocultan huyendo del debate. Los agravios se corrigen equilibrando los recursos independientemente de que sean pocos o muchos porque lo que está en juego es la equidad y el principio de igualdad de todos los ciudadanos, hoy abandonado.
Razones más que de sobra para pedir responsabilidad y altura de miras, sobre todo cuando abordamos fondos vitales para los que peor lo pasan como lo son los destinados a los servicios públicos esenciales.
Pero el Gobierno del Partido Popular ha decidido secuestrar un sistema de financiación arbitrario y discriminatorio que no satisface a nadie, incluyendo a las autonomías dirigidas por su misma formación.
Ha optado por esconderse, por inhibirse en la toma de decisiones, por ser rehén de su agenda electoral, perpetuando un modelo que obliga al Gobierno que presido a restar recursos de otras partidas del presupuesto para suplir esta carencia estatal y sostener así los servicios públicos básicos que sí son para nosotros una absoluta prioridad.
Una omisión que, definitivamente, viene a demostrar cuáles son sus auténticas prioridades y entre las que no se encuentra la defensa de la sanidad, la educación y las políticas sociales.
No cejaremos en el empeño de que se haga justicia y se equipare a los canarios al resto de los ciudadanos. Para ello, impulsaré –junto con Andalucía y otras comunidades- la convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos que ponga encima de la mesa, y no debajo como pretenden dejarlo, un problema que trasciende lo político y lo conveniente desde el punto de vista electoral.
Canarias no admite más demora. Persistir en el error sólo me llevará a insistir aún más en la solución. Si finalmente no hay reforma, al menos deben fijarse compensaciones transitorias que acaben con los agravios de los que el Estado no quiere oír ni hablar ahora.
No es secundario lo que está en liza. Está en juego el Estado del bienestar que tanto esfuerzo nos ha costado alcanzar y que debemos mantener a toda costa.
