Cuando quienes juzgan son protagonistas o afectados en el asunto que se dirime, esta suele ser una vía segura para perder la ecuanimidad y resolver a beneficio de la parte con la que se está implicado. Por ello, en la administración de justicia, la imparcialidad –material y formal- de la magistratura es considerada una garantía imprescindible en los procesos. En un ámbito más general, la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado -su integridad e independencia- se funda, también, en la conveniencia de que no se pierdan los equilibrios y contrapesos a la hora de controlar a quienes controlan y poder exigir responsabilidades institucionales.
Sin embargo, en nuestro fallido Estado de derecho estas reservas y pudores de ética cívica se han venido reduciendo a su mínima expresión desde que en 1982 se consolidó el bipartidismo PSOE-PP. Los efectos de la desvirtuación democrática que ha supuesto la progresiva minimización del pluralismo político y de la responsabilidad gubernamental se hacen notar, habitualmente, en el crecimiento impune de las corruptelas políticas y en la normalización de la inoperancia administrativa.
Estas tácitas complicidades que la izquierda y la derecha neoliberales hegemónicas han venido manteniendo en el reparto del poder y en la alternancia de su control se volvieron a hacer patentes recientemente, cuando, en plena crisis económica y a punto de iniciarse la última campaña electoral a las Cortes generales, el “progresista” presidente del gobierno saliente, en un suicidio político sin precedentes –quién paga, manda-, se unió al “conservador” jefe de la oposición para modificar la Constitución, sin refrendo popular, a beneficio de los poderes financieros. Como en otras muchas ocasiones, estuvieron de acuerdo en lo fundamental sobre qué aprobar y qué prohibir. Y, como es habitual, la “disciplina de voto” de los diputados y diputadas de ambas formaciones apoyó, “como un solo hombre”, las decisiones de las cúpulas. No en vano, hace ya tiempo, que uno de los gerifaltes lo dejó claro: “quién se mueva, no sale en la foto”.
Ya nadie recuerda en esas formaciones políticas que las y los electos a las distintas Administraciones lo son a título personal en su condición ciudadana y no como miembros de un partido político, y que su función principal es la de representar a la ciudadanía en la defensa del interés general, asumiendo para ello “cargas” públicas y cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución democrática vigente.
Y del olvido, al extravío: se autodenominan clase política y se conducen corporativamente en la defensa y perpetuación de su estatus; nadie es independiente y nadie dimite; todos disfrutan de prebendas y cobran múltiples pluses y abultados sueldos que ellos mismos aprueban; se reparten, por cuotas, los cargos en los altos órganos de la administración; y tienen organizados circuitos institucionales de apesebramiento y puertas giratorias de clientelismo empresarial.
Las élites políticas “Socialistas” y “Populares” son, con mucho, las principales responsables de haber malversado el incipiente régimen democrático y social diseñado en la Transición para dar paso, arteramente, a la tiranía partitocrática del Neoliberalismo. Aunque, desde luego, no son las únicas, otras cúpulas políticas -de derechas y de izquierdas, nacionales y nacionalistas- han pactando con los gobiernos de la mayoría y han apoyado leyes que aumentaban el control de las organizaciones políticas sobre las instituciones a costa de la sociedad civil y la participación ciudadana.
Todas ellas conforman una casta política desafecta a la ciudadanía y ajena a sus necesidades que solo se tiran los trastos a la cabeza para distraer al gallinero, cuando se les descubre algún muerto en sus corruptos armarios o en pugnas por sus respectivos tópicos ideológicos. Auténticos pirómanos de la democracia travestidos de bomberos a los que, en estos tiempos de tierra quemada con los derechos populares, se les ha visto, por fin, sus auténticas intenciones.
Xavier Aparici Gisbert. Filósofo y Secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.
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