Garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos esenciales de la ciudadanía debe ser –como así ha sido para el Gobierno que presido, no así en el caso del Gobierno del PP- un objetivo irrenunciable para quienes tenemos responsabilidades públicas. La protección y atención de las familias económicamente más frágiles ha sido, es y debe seguir siendo en el futuro un compromiso firme; en este terreno, no cabe dar un paso atrás porque, entre otras cosas, recuperación económica y social deben ir de la mano.
Independientemente de los ciclos y coyunturas económicas, la identidad de los gobiernos viene dada, en gran medida, por su sensibilidad social. En los últimos años en el Gobierno de Canarias, completamente condicionados por los recortes sociales del PP, hemos gestionado recursos -siempre insuficientes en este campo- colocando en lo alto de la agenda el compromiso de apuntalar –o blindar- los servicios públicos; primero, con el ánimo de mejorar las prestaciones que venían recibiendo los ciudadanos canarios y, más tarde, debido al impacto de una crisis económica durísima, con el claro objetivo de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social.
En ese sentido, el peso de las políticas sociales en los sucesivos presupuestos autonómicos ha sido especialmente significativo. Por poner solo un ejemplo, en las cuentas públicas de este año Canarias destina el 71 por ciento de su gasto a sanidad, educación, y acción social -7,1 euros de cada diez se dedican a estos fines-. Suman en total 4.398 millones de euros.
A pesar del impacto de la crisis o, mejor dicho, precisamente por su virulencia, la apuesta del Gobierno por los servicios públicos esenciales ha sido una constante de gestión.
En materia de política social contamos con instrumentos que hemos desarrollado para garantizar la atención a aquellos sectores de la población más vulnerables, aquellos que corren el riesgo de caer en la exclusión social.
Entre ellos se encuentra, sin duda, la Prestación Canaria de Inserción. El Gobierno de Canarias, en el marco de una Estrategia global frente a la pobreza y la exclusión social, promovió su modificación con el fin de adaptar la ley que regula esta ayuda a los momentos de crisis que vivimos y ampliar la protección a las familias más necesitadas. Con este fin, la nueva Ley introdujo un conjunto de cambios con el fin de ampliar el colectivo destinatario de la misma a todas aquellas personas que no disponen de recursos económicos y están en riesgo de exclusión social.
De esta forma, no solo va dirigida a personas en exclusión sino a aquellas que han perdido el empleo y ya no tiene subsidio por esta cuestión. De ahí la importancia de los llamados itinerarios de inserción, dado que el objetivo fundamental seguirá siendo la obtención de un empleo. Canarias es la tercera comunidad autónoma del Estado con la cuantía más alta para esta ayuda económica, tan sólo detrás del País Vasco y Navarra.
Además, el Gobierno ha asegurado la ampliación de la financiación de esta ayuda, caso de ser necesario. De hecho, hemos incrementado el presupuesto de la PCI un 115 por ciento entre 2009 y 2015 -precisamente, para este año disponemos de 28 millones euros, más otros 3 millones que se destinan a los ayuntamientos para garantizar la gestión de estas ayudas-.
En la actualidad, un total de 5.277 unidades familiares son beneficiarias directas de esta ayuda, llegando a un total de 12.909 personas (datos a fecha 31 marzo 2015).
Por otra parte, contamos con el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales, un programa que se desarrolla desde la cooperación y la concertación de las administraciones (Estado, comunidad autónoma y entes locales) y que ha supuesto el impulso definitivo de la Red básica de atención primaria del Sistema Público de Servicios Sociales. A través de este acuerdo se formaliza el compromiso del Gobierno de Canarias con las familias más necesitadas y se atienden las situaciones de emergencia social a través de los Ayuntamientos, las administraciones más cercanas a la ciudadanía; al tiempo, priorizamos los servicios esenciales públicos y así garantizamos la cohesión social y mantenemos los puestos de trabajo de profesionales del área de lo social.
El Plan fortalece la cohesión social con acciones tan importantes como la emergencia social, la ayuda a domicilio a casi de 13.000 familias o la prevención de la exclusión social en los municipios. Esta financiación permite, además, garantizar recursos tan importantes para la ciudadanía como la red de centros de atención de servicios sociales municipales, con lo que se cubre la atención social de alrededor de 500.000 personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión.
Para dar cobertura al Plan Concertado de Servicios Sociales, el Gobierno de Canarias aporta en 2015 un total de 12.040.570 euros frente a la aportación estatal, que es de 1.190.600,69 euros.
En relación a la atención a la Dependencia, Canarias ha realizado un enorme esfuerzo para incorporar a un mayor número de personas en situación de dependencia dentro del Sistema. Este esfuerzo ha permitido que el Archipiélago culmine 2014 con 23.196 dependientes atendidos en el ámbito de la Ley, con un incremento significativo en cuanto a la cifra de personas beneficiarios de prestaciones y servicios, lo que supone la incorporación al Sistema de un total de 11.534 más.
Hay que recordar que Canarias, la comunidad con mayores dificultades del conjunto del Estado, aporta 128 millones de euros al sistema, mientras que el Estado solo aporta 33 millones; es decir, mientras el Estado disminuye su aportación, Canarias ha ido incrementando en plena crisis su presupuesto destinado a la dependencia en torno al 7% anual de media.
Asimismo, se ha hecho un esfuerzo para incorporar al Sistema la atención en domicilio. Para ello, se han rubricado con diez ayuntamientos (8 de La Palma, 1 de Gran Canaria y 1 de El Hierro) convenios de colaboración para ampliar la atención de personas que permitan prestar una serie de atenciones de carácter doméstico social de apoyo psicológico y rehabilitador, a los individuos o las familias que se hallen en situaciones de especial necesidad, facilitándoles así la permanencia y la autonomía en el medio habitual de convivencia y atribuyendo a los municipios la competencia para gestionar los servicios sociales comunitarios en su ámbito municipal.
En este mismo apartado, el Gobierno de Canarias, en colaboración con los siete cabildos, destinó el año pasado más de 101 millones de euros a garantizar la financiación y mantenimiento de recursos en residencias y centros de estancia diurna. Es decir, ha aumentado en más de 5,2 millones de euros la financiación para un total de 8.338 plazas, 109 plazas más que en 2013 para la atención a la Dependencia.
Otro apartado en el que merece mucho la pena detenerse son las ayudas sociales para la vivienda. El Gobierno de Canarias desarrolla una política social pionera en España, ya que además de ser de las pocas comunidades que construye viviendas directamente para entregar a las familias sin recursos en alquiler, subvenciona hasta el 99% del total de la mensualidad. Durante el pasado año el departamento de Vivienda dedicó 19 millones de euros para el pago de los alquileres de inquilinos sin recursos, familias adjudicatarias de alguna de las viviendas que conforman el amplio parque público de vivienda del Gobierno de Canarias.
Con esta ayuda del Gobierno, las familias adjudicatarias acceden a una vivienda digna pagando una mensualidad desde 2 a 90 euros, según sus ingresos. Durante estos dos últimos años, el Gobierno de Canarias ha adjudicado un total de 597 viviendas públicas en alquiler subvencionado: 443 de nueva construcción a familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM y 154 recuperadas del parque público para familias con ingresos inferiores a 0,75 veces el IPREM y graves dificultades sociales.
En la misma dirección, esta pasada semana hemos aprobado en Consejo de Gobierno nuevos convenios de colaboración con los cabildos de Gran Canaria, La Palma y Tenerife para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia con un montante global que asciende a casi 64,5 millones de euros (32,6 para Gran Canaria; 4,6 para La Palma y 27,2 para Tenerife), lo que supone un incremento de la financiación del Gobierno canario en el marco de estos convenios con respecto a 2014 de más de 4,7 millones de euros: 1,7 para Gran Canaria; 409.158 euros para La Palma y de 2,6 millones para Tenerife.
Traducido a plazas, estas cifras significan la financiación, para la isla de Gran Canaria, de 3.936 plazas, tanto de carácter residencial como en centros de día; 603 plazas residenciales y de estancia diurna para La Palma; y 3.349 plazas para Tenerife, isla donde, además, se contempla 34.414 horas para el servicio de atención domiciliaria especializado. De esta forma, se incrementa el número de plazas financiadas dentro de los convenios para las tres Islas (348 plazas más en Gran Canaria; 47 plazas en La Palma y 119 plazas más para Tenerife).
Como se puede apreciar, en el Gobierno que presido siempre hemos defendido contra vientos y mareas presupuestarias –provocadas por los recortes sociales del Gobierno de Madrid- las políticas sociales; y, lo que es más importante, siempre hemos tenido muy claro que esta tarea constituye un objetivo prioritario e irrenunciable, tanto en tiempos de bonanza económica como, más si cabe, en tiempos de crisis. Los derechos ciudadanos no deben estar condicionados a ninguna coyuntura y así lo hemos entendido.
¿Estamos satisfechos con los resultados? Siempre aspiramos a hacer más y mejor, y desde luego siempre cabe esperar del Gobierno de Madrid una sensibilidad social que, en el caso del PP, ni está ni se le espera. Muchas han sido las dificultades, mucho el esfuerzo realizado por todos, de ahí que siendo conscientes de que todo es mejorable no es menos cierto que el Gobierno de Canarias ha logrado apuntalar los servicios públicos y las políticas sociales, nos comprometimos a hacerlo y lo hicimos.
