La viceconsejera de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Alexandra Betancort, el vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento, David de la Hoz Fernández, y el consejero del Consejo Consultivo, Antonio Lazcano -que asistió en sustitución del presidente- firmaron un acuerdo institucional de cooperación entre las tres instituciones para la realización de un estudio diagnóstico del ordenamiento jurídico canario y del sistema de producción normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.
“Desde la llegada de la democracia”, explicó la viceconsejera de la Presidencia del Gobierno de Canarias, “se han aprobado, derogado y modificado muchas leyes y reglamentos en Canarias, por lo que creemos que es el momento de establecer un diagnóstico que nos permita conocer y evaluar la producción normativa que tenemos y, con ello, determinar qué nos falta, qué sobra y qué es necesario modificar en materia normativa en el Archipiélago”.
Este diagnóstico, “que contribuye al principio constitucional de seguridad jurídica”, en palabras de Betancort, está también en la línea de “apostar por la claridad y la transparencia de nuestras actuaciones”. En ese sentido, Alexandra Betancort recordó también que “ha sido en esta IX Legislatura la primera vez que el Gobierno de la Comunidad Autónoma ha publicado una Agenda legislativa, cumpliendo así lo establecido por la ley de transparencia y acceso a la información pública”.
El estudio sobre el ordenamiento jurídico canario persigue evaluar su grado de calidad, depurarlo técnicamente y reducir el número de normas, proponiendo soluciones que articulen un sistema normativo coherente, claro y eficiente, luchando contra la confusión y mejorando también los procedimientos de producción normativa. Para ello, establece un marco de cooperación permanente entre la Presidencia del Gobierno, el Parlamento y el Consejo Consultivo, con el fin de facilitar la utilización compartida de recursos y medios que faciliten ese objetivo.
A partir de la firma de este documento, se creará un grupo de estudio integrado por personal de las tres instituciones que se encargará de analizar la dimensión cuantitativa y cualitativa del ordenamiento autonómico y realizará estudios comparados con el fin de emitir propuestas dirigidas a su reducción cuantitativa.
