No es la primera vez, en la historia de Canarias, en la que algunos de nuestros llamados y llamadas “representantes” en el Parlamento Autonómico se disponen a legislar contra los intereses de una parte de la ciudadanía, curiosa y tristemente siempre la misma: los de abajo.
Lo vienen haciendo un año y otro cuando se aprueban los presupuestos autonómicos dejando al margen el derecho básico de subsistencia de miles de ciudadanos, el derecho a una vivienda, el derecho a tener una vejez con dignidad, el derecho a la salud, a la educación, a los Servicios Sociales, a una pensión justa, etc. Y tristemente, si la conciencia y la movilización ciudadana no lo remedia, seguirá sucediendo con la previsible aprobación de la Ley del Suelo, de la Ley de Servicios Sociales o la desafortunada Ley del Tercer Sector a la que bien vale dedicarle una reflexión aparte.
Ésta de hoy va en relación con la que será la nueva burla y el nuevo ataque a los derechos ciudadanos y a la protección de nuestra tierra: el texto de la Ley del Suelo que actualmente se debate en el Parlamento Autonómico.
Es necesario recordar que hace muy poco tiempo la ciudadanía, en su mayoría residentes y pequeños propietarios de San Bartolomé de Tirajana, con el apoyo de Podemos en dicho municipio y de otras muchas personas, consiguió parar la usurpación de derechos fundamentales que se quería llevar a cabo bajo la cortina de humo del Plan General de Ordenación Urbana de este municipio y en los meses de verano para que pasara más inadvertido. Miles de reclamaciones lo consiguieron paralizar. Miles de reclamaciones que nacieron con una buena información de lo que se pretendía y con la movilización de miles de personas y familias.
Pero era evidente que los que promovieron aquella propuesta de Plan no se iban a quedar quietos. Y ahora sabemos que la coartada, para conseguir lo mismo, es aprovechar el debate de la Ley del Suelo.
La PALT había hecho una propuesta, que se recoge en la “Disposición transitoria séptima” del texto ahora en debate, que dice que “Los usos residenciales existentes en las zonas turísticas en el momento en que la ordenación urbanística haya establecido el régimen y las condiciones de compatibilidad entre usos turísticos y residenciales, se consideran en todo caso compatibles, entendiéndose, incluso cuando resulten contrarios a esa ordenación, que los mismos son conformes y se encuentran en situación legal de consolidación, sin que sea aplicable la declaración de incumplimiento del uso efectivo a que se refiere la legislación turística”. Esta propuesta no hace otra cosa que reconocer el derecho fundamental a la propiedad de la vivienda y a la residencia en zonas turísticas así como la oposición a que las empresas buitres puedan, sin pagar nada, quedarse con tu propiedad. Por cierto, que algunas no han esperado siquiera a que se apruebe esta ley para comenzar a hacerlo.
Pero ¿qué está pasando con esta propuesta? Lo que se ha sabido hasta este momento es que tanto el Grupo Parlamentario de Podemos como el de Nueva Canarias han presentado sendas enmiendas en el sentido de rechazar la propuesta de la PALT, es decir, que unos y otros proponen que todo lo que esté en zonas turísticas se dedique obligatoriamente a explotación turística y al propietario o residente que no esté de acuerdo se le sancione incluso quitándole la propiedad. Algunos proponen que se le dé ocho años para pensárselo, otros ni eso. Total, que estamos donde estábamos con el Plan General de Ordenación.
Lo más grave, con todo, no es que algunos de nuestros “representantes” propongan legislar contra los derechos básicos de miles de personas y familias bajo el paraguas, ya raído de viejo y de hipócrita, de que el sector turístico es la fuente principal de nuestra economía, sino que se siga haciendo sin contar para nada con los que van a ser gravemente perjudicados y en contra de las miles de personas y familias que, en su día, presentaron en tiempo y forma sus alegaciones, a las que aún no se ha respondido.
A estas alturas es evidente, para el que quiera informarse mínimamente, que hay un gran sector de la población canaria que ha mostrado públicamente su rechazo a esta ley por infinidad de razones ya alegadas. La última muestra la tuvimos estos días con las personas que rodearon el Parlamento. Y también es evidente lo lejos que está este Parlamento de las necesidades reales de la inmensa mayoría de la población, especialmente de la más necesitada. Tan lejos que se disponen a legislar, una vez más, contra derechos básicos de aquellos a los que dicen representar.
No hay otro camino: firmeza y decisión en la defensa de nuestros derechos. Y en él nos encontraremos.
Domingo Viera González
