La Asociación de Empresarios Alojativos Turísticos de Las Palmas afronta una nueva etapa tras la dimisión de su presidente, Fernando Estany, que se mantienen en funciones hasta los próxima asamblea, una decisión que también ha venido acompañada por la salida de la vicepresidenta Dunia Santana. La renuncia se produce en un contexto de profundas divergencias internas sobre cómo afrontar una posible reforma de la unidad de explotación turística, uno de los pilares históricos del modelo extrahotelero en Canarias.
En una entrevista en Radio Sol, Estany explicó que su decisión responde a una cuestión de coherencia democrática. “La mayor parte de las habitaciones a las que representa la asociación no respaldan la propuesta que estábamos defendiendo. Lo normal es dar paso a quien representa a la mayoría”, afirmó. El dirigente aseguró que mantiene su disposición a seguir defendiendo al sector, pero considera que no debe liderar una postura que no cuenta con el apoyo mayoritario.
El origen del conflicto se sitúa en el debate abierto tras la aprobación de la ley de vivienda vacacional y ante la inminente reforma de la Ley de Ordenación del Turismo de 1995, especialmente en lo relativo a la unidad de explotación. Estany subrayó que este debate no debe confundirse con la residencialización, un fenómeno de naturaleza urbanística que, a su juicio, “ni se va a frenar ni se va a fomentar” con la modificación planteada.
Según explicó, la preocupación principal radica en las amenazas jurídicas que pesan sobre el actual modelo, tanto desde la Unión Europea —por una posible vulneración del principio de libertad de empresa— como desde el ámbito judicial, con varios recursos de casación ya admitidos a trámite por el Tribunal Supremo. “Si estas sentencias prosperan, la unidad de explotación puede desaparecer tal y como la conocemos”, advirtió.
La propuesta defendida por Estany y su equipo pasaba por mantener una unidad de operación dentro de los complejos, pero permitiendo que cada propietario pudiera comercializar su alojamiento de forma independiente a través de plataformas como Booking o Airbnb. Una vez el cliente llegara al complejo, los servicios turísticos —recepción, mantenimiento, piscinas o inspecciones obligatorias— se prestarían de manera unificada, con un reparto proporcional de los costes entre los propietarios.
Esta visión, sin embargo, choca con la postura mayoritaria del sector, que apuesta por mantener el sistema actual de explotación conjunta, incluida la comercialización. “Hay empresas que han organizado su modelo de negocio sobre esa base y es lógico que exista resistencia al cambio”, reconoció Estany.
El ya expresidente en funciones insistió en que su dimisión busca evitar que la asociación quede sin una propuesta clara en un momento decisivo. “No quiero ser responsable de que se nos pida una alternativa y no la presentemos”, señaló, alertando de que una eventual intervención de Europa o del Supremo podría provocar un escenario de inseguridad jurídica para los complejos turísticos del sur de Gran Canaria.
Más allá del conflicto asociativo, Estany analizó la situación del turismo en Canarias, que calificó como “en la cresta de la ola”, aunque con síntomas de estabilización. Las previsiones apuntan a un mantenimiento de las ocupaciones en 2026, con una moderación de precios y una ligera corrección de la conectividad aérea. También advirtió de los retos estructurales del sector, como la falta de vivienda en zonas turísticas, la presión sobre las infraestructuras y la necesidad de avanzar en sostenibilidad y calidad del empleo.
Finalmente, defendió que, pese a la percepción social, el sector sí ha incrementado salarios y empleo en los últimos años, aunque reconoció que el aumento del coste de la vida sigue siendo un problema de fondo. “El reto ahora es mantener la calidad del destino y que el turismo siga siendo un proyecto compartido por la sociedad canaria”, concluyó.