“Los eurodiputados subrayan la importancia de garantizar un trato justo y equitativo a los ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido y a los británicos que residen en países comunitarios. También recalcan que Reino Unido seguirá siendo miembro de la UE hasta su salida oficial. Esto conlleva derechos pero también obligaciones, incluidos los compromisos financieros que vayan más allá de la fecha de retirada.
La resolución adoptada por el pleno advierte contra cualquier intento de vincular un futuro acuerdo económico entre la UE y Reino Unido a cuestiones de seguridad y descarta una relación económica “a la carta”, basada en acuerdos sectoriales, en particular con respecto a los servicios financieros.
El Parlamento deja claro que la pertenencia al mercado interior y a la unión aduanera implica la aceptación de la libertad de movimiento de bienes, capitales, servicios y personas, así como la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la aportación al presupuesto y la adhesión a la política comercial común.
El texto dice que sólo tras lograr “avances sustanciales” en las conversaciones para el acuerdo de retirada, podrán comenzar las negociaciones sobre posibles disposiciones transitorias. En cualquier caso, los acuerdos transitorios no podrán extenderse más allá de tres años.
Por último, el Parlamento enfatiza que un acuerdo sobre la relación futura relación sólo podrá concluirse después de la salida de la Unión.
Los ciudadanos primero
Los intereses de los ciudadanos deben estar en el centro de las discusiones, señala la resolución. Los eurodiputados quieren un trato justo para los ciudadanos de la UE en Reino Unido y los británicos en otros Estados miembros. El estatuto y los derechos de ambos deben estar sujetos a los “principios de reciprocidad, equidad, simetría y no discriminación”, subrayan.
El texto advierte al Reino Unido contra cualquier intento de limitar los derechos vinculados a la libertad de movimiento antes de su salida efectiva de la Unión y solicita a la UE que examine cómo responder al miedo de algunos ciudadanos británicos a perder los derechos de los que ahora disfrutan en virtud de los tratados comunitarios.
