El Juzgado de lo Contencioso-Aministrativo ha desestimado el Recurso de apelación interpuesto por la Federación de empleados y empleadas del servicio público de la Unión General de Trabajadores de Canarias, y que pretendía declarar como ‘Nula de Pleno Derecho’ la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2020. El sindicato basaba este recurso en una supuesta “ausencia de negociación colectiva durante el trámite de aprobación de la oferta de empleo público del año 2020, en la nula voluntad negociadora y la ausencia de buena fe negocial de la Administración demandada”.
El sindicato pretendía que se revocase la resolución de 29 de diciembre de 2020, del entonces concejal delegado del Área de Recursos Humanos, Turismo, Urbanismo, y Políticas Ambientales de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal y con el que se aprobaba la puesta en marcha de la OEP que pone fin a la falta de convocatorias de procesos selectivos para personal de nuevo ingreso y también de promoción interna, desde hace más de 10 años.
Alejandro Marichal celebra que el trabajo realizado por CC en el área de RRHH “quede así avalado por los Tribunales de Justicia”. El ahora líder de la oposición quiso agradecer al equipo de RRHH “su buen hacer y dedicación” y concluyó indicando “ahora le toca al PSOE y NC seguir adelante con el trabajo que le dejamos hecho”.
La Oferta Pública de Empleo de 2020 ofrecerá, cerrados ahora los trámites judiciales, un total de 73 plazas, 60 de ellas por turno libre para funcionarios y 13 para turnos de promoción interna. Entre ellas se encuentran las plazas para el cuerpo de la Policía Local de Maspalomas, (21 plazas), una para técnico de la Administración General, cuatro para administrativos, dos auxiliares administrativos, tres arquitectos, un ingeniero superior de Caminos, Canales y Puertos, cuatro agentes en servicios de extinción de incendios y salvamento o tres oficiales jardineros, entre otros.
El Tribunal de Superior de Justicia Sala de lo Contencioso Administrativo ha desestimado, este 25 de enero de 2022, dicho recurso y condena en costas al apelante, en este caso UGT
