La Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado, el 4 de junio de 2025, admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por el Cabildo de Gran Canaria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del 6 de febrero de 2025. Esta decisión reabre el debate sobre la aplicación de la proporción 1/30 entre licencias de VTC (Vehículos de Turismo con Conductor) y taxi en Canarias, establecida en la Ley Canaria 13/2007.
El litigio se originó tras la denegación, por parte del Cabildo, de diez autorizaciones VTC basándose en la citada proporción. En mayo de 2024, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas estimó un recurso de la empresa solicitante y ordenó tramitar las licencias, decisión que fue confirmada por el TSJC en febrero de 2025. El tribunal autonómico rechazó los argumentos del Cabildo, incluidos aquellos basados en la insularidad y la especificidad de la normativa canaria. Ante esta decisión, el Cabildo de Gran Canaria presentó un Recurso de Casación ante la instancia jurídica superior.
El Tribunal Supremo considera ahora que existe interés casacional y admitirá el recurso para analizar si la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) -que en 2023 validó la limitación 1/30 en España- es aplicable directamente al caso canario sin necesidad de plantear una cuestión prejudicial europea. El expediente pasará a la Sección Tercera del Supremo para resolver el fondo del conflicto jurídico.
La resolución final podría sentar un precedente clave sobre la autonomía normativa de Canarias en materia de transporte y su alineación con la jurisprudencia europea. El Cabildo, a través de la Consejería de Movilidad Sostenible que dirige el consejero Teodoro Sosa, insiste en que la singularidad territorial justifica restricciones adicionales.
