Sirva el presente documento para hacer reseña de dos de los principales problemas con los que en la actualidad se debe enfrentar nuestro sector y muy especialmente el sector extrahotelero.
El sector turístico, en la actualidad, representa en Canarias el 30% del PIB Regional, ocupando al 40% del empleo directo, llenado a un 70% del indirecto en la Comunidad Autónoma.
La principal potencialidad de nuestro destino es el turismo de “sol y playa” la base fundamental de nuestra actividad y lo que ha propiciado que Canarias sea uno de los principales destinos turísticos a nivel Mundial. Así, el sector lleva explotando este nicho de mercado desde sus inicios, desde los años 60 hasta la actualidad.
Resulta evidente por nuestra condición de región ultraperiférica la vital dependencia de nuestra Región de la conectividad aérea, a todos los niveles y muy especialmente en el ámbito turístico, resultando nuestro sector empresarial especialmente sensible a cualquier cambo o fluctuación de las conexiones aéreas con el continente europeo.
Tampoco podemos perder de vista la “democratización” del turismo, fenómeno que ha permitido que personas de cualquier extracción social pueda viajar durante sus vacaciones, lo cual ha permitido que Canarias se haya convertido en uno de los destinos preferidos por la población europea, que ha permitido alcanzar unas cifras de visitantes en el conjunto internacional, especialmente significativas en los últimos años, refiriéndonos a los años “prepandemia”: catorce millones en 2017 y muy cercana a esa cifra en 2018; y trece millones en 2019.
Toda esta situación puede sufrir una reversión fatídica, habida cuenta de las amenazas que ya se vislumbran en el medio plazo.
Así, tenemos que referimos, por un lado, a la denominada “Tasa al queroseno”, imposición que desde la FEHT se ha venido criticando por los nefastos efetos que puede traer; y por otro a la “Tasa a las emisiones”, que en su conjunto supondrá la muerte de muchísimas empresas de nuestro sector, que no podrán hacer frente al encarecimiento de los “paquetes turísticos”, sino que supondrá una merma muy significativa de los visitantes a Canarias, que no podrán sufragar el encarecido costo del pasaje.
De esta forma, en el ámbito turístico empresarial, el sector más afectado será sin duda el extrahotelero, empresas que en mayor medida se caracterizan por una baja rentabilidad, donde las empresas se enfrentan a la idiosincrasia de una propiedad atomizada. Pero lo que es más significativo, la aplicación de aquellos gravámenes, llevará implícito para Canarias, que las personas con menor ingreso no podrán viajar, al no poder hacer frente al incremento de coste del pasaje, cuanto más en los casos de familias de tres o cuatro miembros, con lo que el costo de la estancia será del todo inasumible.
En definitiva, unas medidas que, por afectar a los sectores menos pudientes, se va caracterizar por su clara naturaleza regresiva.
Un gravamen, como decimos regresivo donde los haya. Unas medidas incomprensibles por afectar exclusivamente a nuestro espacio aéreo, ya que no se aplicaría a los vuelos extracomunitarios, lo que implica ir de forma evidente contra los propios intereses de los ciudadanos europeos. En esta tesitura el turista europeo elegirá precisamente esos destinos, que ya contaban con unas condiciones de costes muy competitivas, con el añadido de la ventaja que obtendrán en este nuevo panorama.
Para Canarias, será la muerte de una parte de nuestro sector turístico, como hemos apuntado, haciéndosele imposible la asunción de los costes de explotación; la imposibilidad de afrontar no ya la renovación de los establecimientos sino las labores propias de su remozamiento; resultando absolutamente irrentables por haber perdido la posibilidad de competir con otros destinos.
Otro de los problemas que se enfrenta el sector turístico en general y el extrahotelero en particular, es el de la progresiva residencialización de los establecimientos turísticos.
La calidad del destino pasa además por una clara diferenciación e incompatibilidad del uso residencial y el turísticos dentro de los establecimientos de esta naturaleza.
A lo largo de los años, el legislador ha trabajado de forma absolutamente escrupulosa en la defensa de esta premisa, aun reconociendo que el uso residencial es un problema atávico en nuestro sector, por lo que ha procurado siempre que haya una transición del uso residencial al turístico, consagrando no obstante dicha incompatibilidad.
Asistimos en estos meses, a una carga virulenta de grupos de residentes ubicados en nuestros establecimientos tratando de socavar el actual régimen normativo, para que se permita dicho uso en lo complejos turísticos, lo cual, de llevarse a cabo, supondría la perdida de estos complejos para el sector, la desaparición de muchas empresas con la consiguiente pérdida de los puestos de trabajo afectos a la actividad turística.
Sentado lo que antecede, además de los aspectos normativos, se impone la realidad económica, donde resulta absolutamente esclarecedor las nefastas consecuencias de la residencialización de la zona turística, en términos de empleo y de perjuicio económico de la economía canaria. En tal sentido, El Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES) de la Universidad de Las palmas de Gran Canaria ha cifrado, en un estudio centrado sólo en San Bartolomé de Tirajana, en 591 millones de euros anuales, la merma de los ingresos en complejos turísticos, debido al fenómeno de la residencialización, además de una sensible pérdida de la recaudación para las administraciones públicas, que se ha cifrado en 83 millones de euros y un coste estimado en 12.433 puestos de trabajo.
Como se puede apreciar, un problema nada despreciable, para que las administraciones públicas competentes mantengan una posición estática, cuando no, favorable a las tesis de las plataformas de residentes de los establecimientos turísticos.
Patronales y Sindicatos se han mostrado firmes en la defensa del sector turístico, porque su defensa es asimismo la defensa del empleo y de la economía de nuestra Región. No se puede olvidar que la gran parte de la propiedad de los inmuebles turísticos Extrahoteleros es de familias de canarios y que la pérdida del potencial empresarial debido a este fenómeno, supone sin duda, una merma en los ingresos de las familias.
La posición de la FEHT y de la Asociación que me honra presidir, no puede ir sino en favor del cumplimiento de la actual normativa, precisando que se dote de los instrumentos necesarios, materiales y humanos para evitar la progresiva residencialización de los establecimientos turísticos.
