El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para mejorar la protección y el reconocimiento de las personas cuidadoras en el Archipiélago, en especial para regular en colaboración con los agentes sociales, el cuidado informal con protección “real y completa” en el desarrollo de su labor.
La iniciativa, defendida por la diputada socialista Teresa Cruz, incluye la solicitud de un estudio a las dos universidades públicas canarias sobre los cuidados no profesionales a las personas en situación de dependencia en el Archipiélago, así como pedir al Gobierno de España una evaluación del impacto de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la atención a las personas dependientes.
La propuesta también solicita la regulación, en colaboración con los diversos agentes sociales, del cuidado informal para que, cuando sea la opción escogida, éste pueda responder a una praxis con protección “real y completa” en el desarrollo de su labor.
La diputada Teresa Cruz hizo hincapié durante su intervención en que es “necesario” visibilizar esta “tarea silenciosa”, reconocerla y proteger la labor de todas las personas que se dedican de manera profesional o como apoyo familiar al cuidado de personas de edad avanzada, personas en situación de dependencia, personas menores de edad o personas con discapacidad.
En este sentido, recordó los problemas más frecuentes a los que se enfrentan las personas cuidadoras, como la sobrecarga, la falta de tiempo para mantener la vida personal, las repercusiones labores y económicas y la falta de reconocimiento social.
Además, alertó que el 89% de las personas cuidadoras familiares en España son mujeres que se dedican de forma única y exclusiva al cuidado. “La profesión de cuidador y cuidadora es compleja y en la mayoría de ocasiones no está reconocida, ni social ni económicamente. Se estima que más de un 40% están en situación de trabajo irregular”.
Cruz puso como ejemplo el número de solicitudes registradas para la dependencia a nivel nacional, que casi alcanzan los dos millones, ya que si cada una de estas personas contase con dos cuidadoras, habría más de tres millones de cuidadoras.
Para la diputada socialista, la persona que cuida sufre la “esclavitud”, por ser una labor de 24 horas todo el año; la pobreza (7 de cada 10 personas que cuidan lo hacen por ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional); la desigualdad y falta de regulación que permita mejorar sus condiciones mentales y emocionales, empeoradas por la pandemia.
En su opinión, todos los trabajos son interesantes mientras no exista obligación para hacerlo, “y en éste desgraciadamente hay muchas personas que lo hacen porque no tienen otra alternativa. Debemos hacer visible la profesión y que socialmente y laboralmente se les pueda ofrecer la protección, la dignidad y el cuidado que merecen”.
