El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha defendido este miércoles [10] en el Pleno de la Cámara regional la Proposición de Ley del Grupo Socialista para el impulso del derecho a la vivienda en Canarias, una iniciativa que, según subrayó, “responde a una realidad incontestable: en Canarias, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y expulsión residencial”.
El Ejecutivo de CC y PP junto a los grupos políticos que apoyan el Gobierno rechazan la toma en consideración de la Proposición de Ley para garantizar el acceso a la vivienda de la ciudadanía canaria.
Franquis expuso durante el debate de la iniciativa que el mercado inmobiliario canario ha vivido en la última década una “mutación profunda” marcada por el auge turístico, la expansión de la vivienda vacacional y la entrada masiva de grandes inversores.
En su opinión, esta dinámica “ha transformado la estructura de la propiedad y ha generado un impacto directo y negativo en los precios que soportan los ciudadanos”, y recordó que los datos del Catastro y de los registros turísticos sitúan en un 14% el porcentaje de viviendas en manos de grandes propietarios, cifra que el último informe de Proviviendas eleva al 20,6%. “Hablamos de cuatro personas con más de 600 viviendas, de 73 sociedades que suman casi 20.000 inmuebles y de un mercado donde los precios han llegado a crecer hasta un 18% interanual”.
Ante esta situación, insistió en que “la democracia debe responder”, y explicó que la Proposición de Ley del Grupo Socialista plantea cuatro objetivos: conocer para poder actuar; reforzar la capacidad pública de intervención; reequilibrar la fiscalidad y garantizar que cada euro recaudado se destine a vivienda pública.
Registro de Grandes Tenedores de Vivienda
El primero de ellos es la creación del Registro de Grandes Tenedores de Vivienda, una herramienta “imprescindible” en territorios donde la concentración inmobiliaria condiciona los precios y donde las administraciones públicas carecen de información suficiente para diseñar políticas eficaces. “Ni el Catastro ni los registros de la propiedad permiten identificar la unidad económica real que controla los inmuebles. Sin un registro, estamos legislando a ciegas”, afirmó.
El segundo eje de la Proposición de Ley refuerza la capacidad de la comunidad autónoma para ampliar el parque de vivienda mediante nuevos derechos de tanteo y retracto, aplicables a transmisiones realizadas por grandes tenedores, a operaciones en zonas tensionadas o a viviendas provenientes de subastas.
En este sentido, Franquis aclaró que estos mecanismos “no intervienen el mercado”, pues respetan los precios de mercado y la seguridad jurídica, pero permiten a la administración ganar agilidad en un territorio con suelo limitado y una crisis residencial ya estructural.
El tercer objetivo aborda el reequilibrio fiscal, sobre lo que afirmó que el Artículo 31 de la Constitución es claro: la fiscalidad debe ser progresiva y ajustarse a la capacidad económica.
En concreto, la norma elimina el impuesto de transmisiones para viviendas de menos de 200.000 euros destinadas a primera residencia o alquiler estable; establece tarifas progresivas para importes superiores; eleva al 20% el gravamen cuando compra un gran tenedor —salvo si destina el inmueble a alquiler de largo plazo o vivienda protegida—; e incrementa los Actos Jurídicos Documentados en operaciones que hoy “prácticamente no tributan” al ejecutarse fuera del Archipiélago.
“Quien más capacidad tiene y más impacto genera en el mercado, más debe contribuir al interés general”, sostuvo.
Asimismo, la disposición adicional de la Proposición de Ley garantiza que todos los ingresos generados por estas medidas se destinen íntegramente al Instituto Canario de la Vivienda, bajo el principio de “vivienda por vivienda”: cada operación especulativa debe contribuir a la creación de vivienda pública.
El portavoz socialista defendió la constitucionalidad, solidez jurídica y viabilidad fiscal de la propuesta. “Respeta la libertad de empresa, porque no impide adquirir viviendas: solo ordena, regula y equilibra”, aseguró.
Franquis hizo un llamamiento al compromiso del Parlamento canario: “Canarias no puede seguir siendo un territorio donde el acceso a la vivienda dependa de la suerte o la especulación. Hoy decidimos si estamos del lado de la ciudadanía o del lado de quienes quieren convertir nuestro Archipiélago en un gran negocio inmobiliario. Esta ley es valiente, equilibrada y profundamente justa”.
