El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria presentará una moción en el Pleno del próximo viernes con el objetivo de que todos los grupos políticos se pronuncien a favor de que el Gobierno de Canarias acometa cuanto antes las reformas normativas necesarias que permitan la construcción de hoteles de 4 estrellas en la Isla, para lo que es preceptiva la aprobación del reglamento de estándares turísticos que contempla la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias.
Con esta moción, el Grupo Popular busca el consenso de todos los grupos políticos para instar al Gobierno de Canarias a remover todo tipo de obstáculos que en la actualidad impiden superar las carencias de la oferta alojativa de Gran Canaria, adecuándola así a las demandas y exigencias actuales del mercado turístico.
En su propuesta de acuerdo, el PP aboga además porque cada isla pueda desarrollar libremente su propio modelo turístico de acuerdo a las singularidades y necesidades de su propia realidad insular.
Según explica el consejero popular Carlos Ester, la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, enmendada por el Tribunal Constitucional y modificada luego por la Ley 9/2015, “ha ocasionado en estos últimos años un grave perjuicio a la industria turística de Gran Canaria, que ha sido la Isla más perjudicada por una normativa arbitraria que ha propiciado el desvío de turistas hacia otras islas y ha supuesto un frenazo al crecimiento económico y la creación de empleo”.
Además, la entrada en vigor de la citada Ley “ha bloqueado cuantiosas inversiones, introduciendo inseguridad jurídica y lastrando la competitividad de unos de los destinos turísticos más importantes del mundo”, añade Carlos Ester.
Cabe señalar que la vigente Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias está impidiendo que Gran Canaria pueda absorber la creciente demanda de turistas por falta de plazas alojativas, sobre todo en el segmento de 4 estrellas, favoreciendo con ello a otras islas del Archipiélago que cuentan con mayor número de establecimientos hoteleros de este tipo.
“Se trata, en definitiva, de una norma absurdamente proteccionista e intervencionista, que frena la libre competencia en el sector y favorece el mantenimiento del status quo actual, en el que Gran Canaria juega con una clara desventaja”, concluye Carlos Ester.