El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, afirmó este jueves que el nuevo Plan General de Ordenación Supletorio (PGOs) del municipio de San Bartolomé de Tirajana, en exposición pública hasta el 30 de septiembre, “mantiene las mismas calificaciones que contempla el PGO de 1996 actualmente en vigor”. También recomendó a los residentes en el ámbito turístico que, frente a la alarma social intencionada que se ha suscitado, verifiquen sus respectivas fichas urbanísticas para comprobarlo.
Durante su comparecencia pública para explicar el porqué de las determinaciones que se proponen en el PGOs, Marco Aurelio Pérez admitió que el debate social que se está suscitando durante este periodo de exposición pública del documento “es una buena oportunidad para conocer, entender y discutir el Plan”, pero alertó sobre la preocupación que le genera “la alarma social sobre supuestas expropiaciones provocada por apreciaciones incorrectas vertidas por intereses partidistas sobre todo a través de las redes sociales”.
“Como Ayuntamiento tenemos la obligación de dotar al municipio de la aprobación de un nuevo planeamiento porque de él depende gran parte de la economía general de la Isla y su negocio turístico, que tiene a Maspalomas Costa Canaria como máximo exponente, y también porque ese Plan es necesario para el desarrollo del resto de los pueblos y barrios del municipio, que también están pendientes de su aprobación definitiva”, dijo.
Marco Aurelio Pérez explicó que toda la normativa actualmente vigente en materia de planeamiento en el ámbito turístico por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo hace incompatible los usos turístico y residencial permanente. “En esa ordenación ni este Ayuntamiento ni ningún otro de Canarias podemos actuar porque no tenemos ninguna competencia”, dijo refiriéndose a la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación del Territorio y el Turismo dictada para toda la Comunidad Autónoma, y también al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria del 2004, y los planes territoriales especiales y territoriales parciales PTEOTI de Ordenación Turística Insular, PTP-8 para la regeneración y estructuración del espacio consolidado de Playa del Inglés y el PTP-9 de ordenación del espacio entre la GC-1 y la GC-500 en este municipio, que derivan del Cabildo de Gran Canaria.
Competencias secuestradas
Marco Aurelio Pérez expresó que los ayuntamientos canarios no tienen capacidad para cambiar las leyes ni emitir decretos sobre el urbanismo ni sobre el turismo. “Al ser la actividad turística la base de la economía de Canarias y la impulsora de la diversificación económica de las Islas, esas competencias las tienen secuestradas los ayuntamientos, que por sí mismos no pueden planificar sobre el suelo turístico”, dijo.
“Si los ayuntamientos no tenemos capacidad para cambiar las leyes, y si son competencia de la Comunidad Autónoma y del Cabildo, deben ser el Gobierno de Canarias y el Cabildo quienes deben pronunciarse sobre si están dispuestos a cambiarlas, porque son los que obligan al planeamiento de Canarias y en concreto de la isla de Gran Canaria con las determinaciones concretas que hacen sobre el suelo turístico”, afirmó.
Marco Aurelio Pérez expresó que “ir contra el PGOs de San Bartolomé de Tirajana supone paralizar el crecimiento del resto del municipio y atentar también contra la industria turística, porque esas normas están vigentes y no va a significar que no se apliquen por las administraciones competentes”.
“En estos momentos el PGOs lo único que hace es cumplir con toda la normativa legal. Si los ciudadanos estiman que quieren cambiar la normativa y que la industria turística deje de ser el motor de nuestra economía a quien tienen que dirigirse es al Gobierno de Canarias porque es el que tiene la potestad, porque se trataría de cambiar el modelo por el que ahora se están desarrollando las Islas”. “Los Ayuntamientos en el ámbito turístico la única competencia que tenemos no pasa de otorgar licencias”, concretó.
Marco Aurelio Pérez, que desgranó en esta cita todas las leyes que afectan al planeamiento de San Bartolomé de Tirajana, destacó que el PGOs tiene la obligación, lo elabore quien lo elabore, de cumplir en su ámbito turístico con la Ley 19/2003 de Directrices, con el PIO de 2004 de Gran Canaria, con el PTEOTI, el PTP-8, el PTP-9, y señaló al respecto que el documento del nuevo Plan General redactado y aprobado inicialmente por el Gobierno de Canarias “está hecho cumpliendo con esas normativas”.
El alcalde puntualizó que el municipio de San Bartolomé de Tirajana necesita el nuevo Plan General “porque no sólo estamos ordenando el turismo sometidos al dictamen de las normas supramunicipales, sino porque también estamos ordenando el resto del municipio, y lo que se está consiguiendo con todo esto es paralizar el crecimiento de núcleos urbanos o la solución de núcleos urbanos concretos del municipio”.
Marco Aurelio Pérez señaló que todas las alegaciones que se presenten las tendrá que resolver el Gobierno de Canarias y no el Ayuntamiento, y al respecto insistió en que “ningún funcionario o político podrá aprobar un documento en contra de la normativa vigente porque estaría prevaricando”.
Marco Aurelio Pérez también apuntó que salga o no salga el PGOs ahora en exposición pública, las competencias en materia turística, como la normativa sobre inspecciones y sanciones, siguen vigentes y son competencia del Gobierno de Canarias. “Si mañana cambia la normativa de planeamiento no tendremos ningún inconveniente en hacer otro Plan General”, dijo.
El empadronamiento
El alcalde también aclaró que el empadronamiento nada tiene que ver con el planeamiento urbanistico, “porque son derechos distintos”, y puntualizó que el Ayuntamiento tiene la obligación de saber dónde viven sus vecinos y de empadronar a las familias para que los niños tengan acceso a la sanidad y la escolarización. “Nada tiene que ver el sitio con el destino del sitio. El Ayuntamiento no sanciona a nadie por su empadronamiento en zona turística”.
Pese a toda la normativa que se pronuncia en contra, el alcalde también quiso ejemplificar lo que supondría la residencialización en la zona turística y las obligaciones legales que tendría que asumir el Ayuntamiento. “Sólo para un símil de 16.000 residentes se tendría que buscar 53.996 m2 de suelo para equipamiento escolar, unos 42.664 m2 para equipamientos deportivos, unas 5.333 plazas de aparcamientos y otro tanto de suelo para dotaciones sociales”.
“El cambio de turístico a residencial requeriría buscar esas dotaciones y la manera de financiar la adquisición de esas dotaciones. Entonces sí que habría que expropiar de verdad para colocar esas dotaciones en la zona turística, porque ahora no existen y la normativa de suelo residencial obliga a dotarlas”, señaló.
“Lo que veo es que están creando una alarma social a las personas de buena voluntad, porque en el ámbito turístico mantenemos el mismo status quo que tenemos vigente desde 1996 y no ha pasado absolutamente nada. La incertidumbre que existe para los residentes no la puede resolver el Ayuntamiento, y si pudiera hacerlo y convertir el suelo en residencial tendría que buscar los suelos necesarios para dar los servicios que requieren esos residentes. Entonces sí que habría que ir a la expropiación de complejos enteros para poner los colegios, las canchas deportivas, los centros sociales y las plazas de aparcamientos. Creo que tenemos que meditar lo que estamos pidiendo porque por el mal asesoramiento algunas personas pueden ir a una situación aún peor de la que ahora se encuentran”, afirmó.
