La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias trabaja actualmente en la modificación del decreto que regula la actividad turística de restauración con el objetivo de simplificar esta normativa garantizando en todo momento la calidad del las actividades turísticas.
La responsable del área, Mariate Lorenzo, aseguró en el Parlamento de Canarias que con los nuevos cambios se pretende reducir las trabas burocráticas sin menoscabar los derechos de los usuarios, así como mejorar las condiciones laborales de los profesionales el sector, entre otros objetivos.
De acuerdo con los últimos datos disponibles del ISTAC, en 2015 existían en Canarias 7.541 restaurantes en el Archipiélago, de los que 3.641 se encuentran en municipios eminentemente turísticos. Unas cifra que para Lorenzo evidencian la importancia de este subsector para el destino Islas Canarias, por lo que se han celebrado ya varias reuniones con las organizaciones patronales del sector.
“Hay que tener en cuenta aseguró Lorenzo en sede parlamentaria que muchos de los aspectos que afectan a la apertura y puesta en servicio de los restaurantes, bares y cafeterías no son de competencia turística, sino de otros departamentos”. La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes tiene previsto disponer de una propuesta de modificación del decreto a lo largo del primer trimestre de 2017.
Los cambios que se incluirán en este decreto tendrán varios objetivos, tal y como explicó la consejera. Entre los más importantes se encuentran simplificar la normativa y reducir las trabas burocráticas y requisitos, sin que ello conlleve el menoscabo de los derechos del usuario; simplificar y agilizar los procedimientos de dispensa; establecer procedimientos de inicio de la actividad únicos, basados en el principio de "ventanilla única"; y, finalmente, simplificar las tareas de inspección, agilizarlas y definir las competencias, de forma que éstas sean de una única administración y se incremente la colaboración interadministrativa. “Con todas estas aportaciones, perseguimos servir de decreto “puente” hasta la revisión de la totalidad de la normativa turística”, concluyó Lorenzo.
