La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha publicado los informes previos a la legalización de otras 28 explotaciones ganaderas en cinco islas del Archipiélago, como paso previo a su legalización definitiva y cuya tramitación fue encomendada a la empresa pública Gesplan. Se da trámite de audiencia a las administraciones interesadas, Ayuntamientos y Cabildos, para mayor garantía en el proceso de regularización y registro de dichas explotaciones ganaderas. Se trata de un trámite necesario en la consecución de uno de los objetivos de legislatura, como es el de poner al día desde un punto de vista territorial a buena parte de este sector en el que los sucesivos cambios legales había dejado en una situación de “alegalidad” a centenares de explotaciones de este tipo.
El director general de Ganadería, David de Vera, ha agradecido el esfuerzo de los trabajadores de los diferentes departamentos que están realizando los trámites y ha anunciado que en septiembre “el número de explotaciones beneficiadas va a aumentar considerablemente con la entrada en vigor de la Ley del Suelo, que es una buena noticia para el sector”.
Las explotaciones ganaderas cuya legalización ha salido a exposición pública están repartidas en cinco de las Islas. Siete son las ubicadas en Gran Canaria, 5 en Tenerife, 3 en La Palma, 4 en Lanzarote y 8 en Fuerteventura y su expediente estará a disposición pública durante 10 días (a contar desde el miércoles 23 de agosto, cuando fueron publicados en el Boletín Oficial de Canarias)
El proceso para legalizar estas explotaciones ganaderas tiene como objetivo aportar estabilidad al sector. Se trata de una tramitación ardua pues atañe a varios departamentos autonómicos y debe contar con la aprobación de varias administraciones (local, insular y regional). Por tal motivo y para acelerarlos se aprobó una encomienda con la empresa pública Gesplan para centralizar este tipo de trámites y lograr que se aceleren, lo que se sumará en el mes de septiembre a la entrada en vigor de la Ley del Suelo.
Las explotaciones ganaderas que pueden acogerse a estos trámites de legalización tienen que cumplir una serie de condicionantes: no haber realizado ampliaciones posteriores a 1999 (o sólo con
el objeto de una mejora zootécnica o adaptación a la normativa sectorial), aunque con la entrada en vigor de la Ley del Suelo podrán hacerlo, si bien de manera restringida, también las anteriores al 6 de mayo de 2009; no superar la superficie ocupada destinada a la explotación animal hasta un máximo de un 70%; ser inferior en tamaño al mínimo para ser exigida declaración de impacto ambiental; y estar dentro de los supuestos de categorización de suelo previstos.
