El Consejo de Gobierno acordó este lunes solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de ley de Estadística de la Comunidad Autónoma, según informó la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. Su finalidad, una vez concluida su tramitación y aprobación por el Parlamento regional es mejorar el funcionamiento de la actividad estadística pública en el Archipiélago.
Dávila explicó que el proyecto legislativo propuesto supone una reelaboración general de la actual Ley, a la que sustituiría, que afecta tanto a los principios rectores de la actividad estadística, con el doble objetivo de su actualización y clarificación, como al modelo organizativo de la función estadística pública de Canarias.
El Gobierno considera que los años transcurridos desde la aprobación de la Ley en el año 1991 aconsejaban su revisión a la luz de la experiencia pero teniendo en cuenta también la aportación de las leyes territoriales de otras comunidades autónomas y las regulaciones en el ámbito europeo que desde entonces se han producido.
En este sentido, explicó, la revisión afecta a las tres partes que, en síntesis, constituyen el objeto de la Ley: los principios y garantías de la actividad estadística y su adaptación al ‘Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas’, aprobado como instrumento autorregulador por la Comisión Europea; el modelo organizativo, que comprende tanto la parte orgánica propiamente dicha como los instrumentos de planificación estadística, y el régimen sancionador.
El Proyecto de Ley mantiene la centralización de la función estadística en el ámbito del Istac. Tal régimen funcional y organizativo no es novedoso, sino que ya está implantado en la vigente Ley reguladora de la Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde la modificación realizada en la misma por la Ley 9/2014, de 26 de noviembre.
Entre las disposiciones adicionales destaca la creación de un Registro de Agentes Estadísticos, a fin de conocer todas las personas que tengan acceso, por razón de su actividad, a la información protegida por el secreto estadístico.
Para la titular de Hacienda, la tramitación de esta iniciativa legislativa se justifica dada la importancia que reviste la información estadística para el desarrollo de las diferentes políticas públicas, ya que permite conocer de manera adecuada la realidad social y económica de las Islas, “convirtiéndose en un requisito imprescindible para la correspondiente toma de decisiones, tanto para la Administración Pública como para la ciudadanía e instituciones de todo tipo”.
