El Gobierno de Canarias ha iniciado la tramitación de la Ley de Cláusulas Sociales y Medioambientales y la Reserva de Mercados en la Contratación Pública de Canarias, tal y como ha anunciado el Comisionado para la Inclusión social y la Lucha contra la Pobreza, Santiago Rodríguez, y publica hoy, viernes, del Boletín Oficial de Canarias.
Según explica Santiago Rodríguez, entre las funciones del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza está la de realizar actuaciones en orden a proponer la modificación de las leyes y reglamentos de la Comunidad Autónoma que sean precisas para conseguir la integración social y laboral, de las personas y/o colectivos más vulnerables, así como, la reducción o erradicación de la pobreza.
En este sentido, Rodríguez explica que el pasado año el Gobierno tomó el acuerdo de implementar medidas para la introducción de cláusulas de contenido social, medioambiental y reserva de mercados en la contratación de la Comunidad Autónoma bajo la coordinación por el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza.
“Con este acuerdo”, continuó el Comisionado, “se promueve la atención a los colectivos más desfavorecidos no solo desde el punto de vista asistencial sino desde el desarrollo de políticas proactivas encaminadas a la inserción laboral de los colectivos con mayor riesgo de exclusión como pueden ser los jóvenes, las mujeres, los desempleados de larga duración, los mayores de 45 años y las personas con discapacidad”.
La finalidad de estas cláusulas, según Rodríguez, es introducir diversos aspectos de ámbito social y medioambiental en diferentes fases del procedimiento de licitación de contratos públicos y realizar reservas de mercado para colectivos vulnerables. “Pero este Gobierno ha decidido dar un paso más y queremos convertir ese acuerdo de Gobierno en una ley de Cláusulas Sociales de obligado cumplimiento para el sector público canario”, remarcó.
El Comisionado para la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza afirmó que con esta iniciativa se pretende reforzar la labor que realizan las empresas de inserción y los centros especiales de empleo tanto desde un punto de vista social, medioambiental y económico. “La idea es favorecer esas dos áreas con la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión y la generación de capital social, además de la introducción de criterios de producción ecológica y a través establecimiento de actividades difícilmente deslocalizables y que generan beneficio en la comunidad donde se implantan”.
